En los últimos cuatro años (2019 – 2023), la violencia policial en Colombia aumentó debido a las lógicas de control social mediante la violencia y de mantenimiento de un orden social de desigualdades establecidas. Esta violencia fue especialmente visible en entornos como las protestas sociales, en la aplicación de medidas restrictivas para la circulación (como en la pandemia por COVID) y en la gestión del espacio público de manera cotidiana. Ese control permanente ha sido uno de los pilares de lo que el Estado y autoridades civiles con lógicas policiales han comprendido y materializado a través de las políticas de seguridad ciudadana, que han llevado al uso y el abuso de la fuerza por parte de los agentes de Policía de manera frecuente, incumpliendo los principios internacionales (necesidad, legalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas). Reproduciendo, además, las violencias estructurales de la sociedad como el racismo, machismo, clasismo, aporofobia, homofobia, transfobia, entre otras, que son ejercidas por un cuerpo institucional facultado para ejercer la violencia del Estado, que en muchas ocasiones ha terminado en la comisión de violaciones a los derechos humanos, torturas y malos tratos.

La violencia uniformada [1]

Represión Estatal

Antecedentes

La represión en Colombia ha sido y sigue siendo una herramienta recurrente por la necesidad de la oligarquía de fragmentar y debilitar al movimiento social para mantener intacto su poder económico y político.

Para ilustrar, a través de la historia « republicana » colombiana, el movimiento estudiantil ha sido uno de los más reprimidos por la policía y el ejército y perseguido políticamente. Desde la primera década del siglo XX, los movimientos estudiantiles en Colombia nacieron a partir de las reclamaciones de jóvenes que pedían una mayor participación en el sistema político y universitario, buscaban tanto la renovación de las instituciones educativas y su currículum, como el desarrollo de una democracia más participativa haciendo propuestas para su transformación (autonomía y extensión universitaria), pero frente a sus demandas, la respuesta del Estado ha sido la violencia. El mapa de la violencia que se ensañó contra los entornos universitarios ha sido mortífera:

A inicios del siglo XX la educación del país estaba regida por la ley 39 de 1903. Esta les daba autoridad a las instituciones religiosas sobre el sistema, por lo que asumieron el control de la educación y desarrollaron reformas a partir de sus propios intereses y principios, de modo tal que sirviera al gobierno y a las élites que gobernaban el país. De esta manera, los estudiantes universitarios y de algunos colegios, protestaron por una mayor participación en la agenda política del país. Igualmente, buscaban ser partícipes del desarrollo de la educación y lograr mayor autonomía para la universidad.

Daniel Giovanny Mendieta Hernández [2]

Represión mortífera

• En mayo 1921 la huelga de Medellín El abogado, político y escritor liberal Ricardo Uribe Escobar (1892-1968) describió los efectos de las acciones policivas: un muerto, cuatro heridos, balazos de rifle, tiros de revolver [3]
• El 7 de junio de 1929, cuando los estudiantes marcharon contra la masacre de las bananeras, fue asesinado por los carabineros, el estudiante Gonzalo Bravo Paez en Bogotá;
• En 1954, tras la conmemoración de los 25 años de estos hechos, es asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez en Bogotá,
• En 1973, asesinaron a 11 estudiantes más y 50 resultan heridos al rechazar el asesinato de Uriel; y en esta misma fecha es asesinado el estudiante de la Universidad de Antioquia, Luis Barrientos por lo que la comunidad estudiantil declara los días 8 y 9 de junio como “día del estudiante caído”.
• La violencia anticomunista (bajo la doctrina del enemigo interno) de los años 50 soldó la enemistad entre la dictadura de Rojas Pinilla – incluyendo a los políticos de la « democracia « bipartidista – y los universitarios. Así, entre 1962 y 2011, 588 estudiantes fueron asesinados

Estos son tan solo algunos ejemplos de la sistematicidad de la violencia estatal y paraestatal contra las luchas sociales / estudiantiles en lo que llaman, « democracia ».

La potencia de las luchas sociales se destaca en los trazos de la historia reciente y en la geografía de nuestra América. Diferentes movimientos y, en ocasiones, verdaderas rebeliones ciudadanas han empujado cambios en los tiempos sociales y políticos de nuestra región. Estas luchas ponen en cuestión desde la práctica colectiva los clivajes de la desigualdad persistente, los modelos de desarrollo excluyentes y ecológicamente no sustentables, así como la anemia democrática y el autoritarismo.

La rebelión social y popular
de 2021 en Colombia [4]

Violencia policial en el siglo XXI

Según el libro del investigador Jorge Wilson Gómez-Agudelo, « Ambos venimos de morir, susurros acechantes del estudiante caído », desde 1929 hasta 2011″, en Colombia han sido asesinados 845 estudiantes. Asimismo, relata que entre 1962 y 2011 fueron asesinados 603 estudiantes, siendo 1968 el único año donde no se registró la muerte violenta de un estudiante”[5].

¿Para quién trabaja la policía?

De acuerdo con el artículo 218 de la Constitución Nacional de Colombia [6], la Policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Su finalidad primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Además, la disposición superior prescribe que su papel es asegurar que los habitantes del territorio nacional convivan en paz.

Es decir, que la policía como institución estatal debe proteger a la ciudadanía. Sin embargo, los acontecimientos históricos han demostrado claramente y sin ambigüedades que el objetivo ha sido el de ejercer medidas de control social, asegurando el mantenimiento y la seguridad del modelo económico y social capitalista neoliberal.

“La violencia es el fundamento del Estado, que no tiene otra preocupación que su perpetuación. Este sistema transforma nuestro planeta en una prisión, destruye ecosistemas enteros y extermina a los pueblos »

Frantz Fanon, Los condenados de la tierra

Proteger el sistema y mantener el statu quo

Con el paso del tiempo y frente a las continuas acciones de luchas del pueblo contra las desigualdades sociales y las injusticias que promueven las políticas económicas neoliberales implementadas, los gobiernos y las élites siguen protegiendo sus intereses económicos -el statu quo- a través de:

1. La regulación de las protestas sociales mediante leyes que sirven para restringir y quitar toda fuerza a los movimientos sociales.
2. El uso sistemático de la violencia.

« Muestra que los gobiernos tratan las protestas como una amenaza en lugar de como un derecho, y que los agentes encargados de hacer cumplir la ley creen que su papel es reprimir y someter a quienes protestan en lugar de facilitar que ejerzan sus derechos. Como consecuencia, miles de personas son dispersadas ilegítimamente, arrestadas, golpeadas e incluso asesinadas durante manifestaciones. También afrontan consecuencias devastadoras después, sólo por participar en protestas ».

Amnistía internacional, 2023 [7]

Represión para seguir dominando

Estigmatizar, construir un enemigo

La represión estatal ha estado basada en la estigmatización para justificar la violencia. De esta manera es como se ha construido una imagen negativa de los movimientos sociales y de todos los oponentes políticos que van en contra del orden establecido. « Es la construcción del enemigo absoluto, quien encarna la causa de todos los males, la doctrina del enemigo interno « .

« Erving Goffman afirma que se estigmatiza a un individuo o a un colectivo porque se asocia o se relaciona dicho atributo a un estereotipo. Y explica, también, que la persona estigmatizada no se considera propiamente humana y así, bajo esta suposición, es como se ejercen diferentes tipos de discriminación en contra de ella »[8].

Crear un arma de guerra, el ESMAD

De esta forma, bajo la estigmatización y criminalización de las protestas sociales y con la colaboración de los medios de comunicación hegemónicos, que han reforzado en el imaginario la necesidad de brindar seguridad a la ciudadanía frente a los « violentos », vándalos », « guerrilleros », « revoltosos » (el uso y abuso del lenguaje del enemigo interno), en 1999 el entonces presidente conservador Andrés Pastrana creó el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), una unidad dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y adscrita al Ministerio de Defensa. Una unidad supuestamente entrenada en el uso de armamento no letal y en el manejo adecuado de marchas, paros y en general todo lo que se refiere al control de multitudes.

« Desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Colombia se terminó de apuntalar una política de criminalización a líderes y defensores de derechos humanos, la cual generó que cualquier manifestación civil sea considerada hoy como un acto de terrorismo. A esa conclusión llegó el informe Lo absurdo sobre lo obvio: Criminalización histórica al reclamo y defensa de los Derechos Humanos en Antioquia« .

Hacemos memoria [9]

ESMAD y violación de derechos humanos

Desde la creación de la unidad Esmad, los sucesivos gobiernos le han concedido a la Policía la facultad de controlarse y regularizase por sí misma. Por ejemplo, con el uso de armas no « letales », como gases lacrimógenos, balas de goma o el arma Venom, un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos, para dispersar a los manifestantes y mantener el orden público. Armamento que es denominado por el Estado como “de letalidad reducida”, a pesar de haber causado varias decenas de muertos y mutilados.

Y, los diferentes gobiernos, las entidades estatales y la policía, además de permitir al ESMAD el uso sin control de la violencia, han cerrado los ojos y negado sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos por parte de esta unidad mortífera.

Negacionismo del Estado

• Colombia defiende ante la CIDH que « no violan » los DDHH y que son un país con un « contexto diferente » enfatizó la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos Nancy P.Gutiérrez »[10]
• Personería niega agresiones en desalojo del campamento por la paz [11]
• Policía rechazó informe de la ONU y niega masacre durante las protestas [12]
• Abuso policial no muestra “tendencia de carácter sistemático”: presidente Duque [13]

La realidad contradice al Estado

1. Según el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP [14], hay 43 casos de ejecuciones extrajudiciales que involucran a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) desde su creación en 1999 hasta junio de 2019, siendo Bogotá y Cauca las zonas del país con más asesinatos.
2. Actuar desmedido del ESMAD durante el Paro Nacional dejó más de 100 personas con traumas oculares, Amnistía Internacional [15]
3. Masacre del 9S : El 9 y 10 de septiembre de 2020 la Policía disparó contra manifestantes en barrios de Bogotá y Soacha. Reunidos para protestar contra el asesinato de Javier Ordóñez, a manos de agentes del Estado. Informe acusa a la Policía colombiana de 11 muertes en las protestas de 2020 [16]

4. Paro Nacional del 2021, la CIDH (Corte Interamericana de derechos humanos) condena el uso excesivo de la violencia durante las manifestaciones. « Según información, se registraron al menos 19 muertes entre el 28 abril y el 2 mayo. El reporte que entregó la Defensoría del Pueblo es que 87 personas están desaparecidas en el marco de las protestas; así como, más de 140 denuncias de violaciones a los derechos humanos [17].

« Las víctimas del paro se levantan: “Aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, El Pais, 2022

Desmontar el ESMAD

La continua estigmatización

 Teniendo en cuenta lo anterior, podemos deducir con seguridad que la unidad ESMAD es un arma de guerra letal que no tiene ninguna legitimidad y a pesar de la persistente violación de los derechos humanos ha seguido operando bajo las órdenes de autoridades regionales, como la alcaldesa de Bogotá del partido verde, Claudia Lopéz (alcaldesa 2020- al 2023), que como siempre, estigmatiza a los que protestan en lugar de buscar soluciones a las desigualdades sociales.

« Claudia López pidió a director de la Policía ingresar a Universidad Nacional y detener a criminales » [18]

Reformar o desmontar

Debido a las cuestionables prácticas y a las evidencias de la violación sistemática de los derechos humanos, las diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos han solicitado al Estado la reforma de la policía y el desmonte del ESMAD.

En 2020, La Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó al Gobierno reestructurar las directrices frente a manifestaciones sociales no violentas en el país. La Sala Civil evidenció que el ESMAD era una “intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” frente a la protesta social.

Proyectos sin fin

Como antecedente a este cambio, en el 2019 cursó un proyecto en el Senado para desmontar el Esmad, promovido por el senador Antonio Sanguino; sin embargo, el proyecto nunca prosperó y terminó hundido finalmente en noviembre del 2021 por la Comisión Segunda del Senado. Este proyecto pretendía acabar con el Esmad y la creación de una unidad de diálogo y mediación policial [19].

Remplazando el ESMAD por UNDMO

El presidente actual, el progresista Gustavo Petro, había prometido durante su campaña electoral el desmonte del ESMAD. Así, en 2022, bajo la dirección de la policía del General Henry Sanabria (oficial cuestionado por sus comentarios y publicaciones en redes sociales que demostraron su carácter ultrarreligioso, dogmático, supersticioso, machista y homofóbico ),

y bajo el mandato del presidente, Gustavo Petro, se realizaron las modificaciones a la policía antidisturbios con el propósito de tener una actuación de la fuerza pública diferente, es así como pasa a llamarse, Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden UNDMO.

Cambio sin Fondo

No obstante, los cambios no han sido estructurales porque, por ejemplo:

1. Se contempló (una promesa de campaña ) trasladar la Policía Nacional ( y así mismo a la nueva Unidad UNDMO) al Ministerio de Justicia. Ahora, en el gobierno se sigue debatiendo si es trasladada al Ministerio de Justicia o al Ministerio del Interior. Es así como, entre discusiones, el tiempo pasa y no se realizan las reformas estructurales a la institución para desmontar lo más urgente, la doctrina militar de guerra. « Recientemente, la Comisión para Esclarecimiento de la verdad, la Convivencia y la No repetición, presentó su informe final, en uno de cuyos capítulos concluía que se debía cambiar la doctrina militar vigente. Las instituciones de Fuerza Pública y defensa deben pasar por un proceso de transformación para que se ajusten de forma más precisa a las necesidades actuales y a la etapa de transición que vive el país. « [22].
2. No se contó con la participación de las organizaciones sociales. La reforma de la policía no fue estructural y las organizaciones sociales denuncian que no fueron concertadas. Así lo expresa la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo el 13 de junio de 2023 en un comunicado publicado en su página oficial.
3. la Resolución 1091 de 2023 prende las alarmas de varias organizaciones sociales y de DD. HH ya que hay varios aspectos del protocolo que legalizaría poderes excesivos que tendría esta nueva unidad represiva.
4. La misma policía que ha sido cuestionada por la violación de los derechos humanos será la encargada de capacitar a los integrantes de UNDMO en DD. HH.

¿ UNDMO la represión maquillada de paz?

¿Cambio sin cambio?

Las acciones de la nueva unidad UNDMO, bajo la promesa de cambio y paz total, no han sido muy diferentes al antiguo ESMAD, puesto que frente a los movimientos sociales, defensores de derechos humanos y ambientales, reclamadores de tierras, los desalojados, las protestas campesinas, los plantones en las ciudades, las protestas estudiantiles, etc. la UNDMO sigue teniendo la misma respuesta: la represión y la violencia.

• El 1 de marzo de 2023, en San Vicente del Caguán, se produjo un enfrentamiento entre integrantes de la UNDMO y la población campesina en una protesta contra “Emerald Energy”. Allí, la UNDMO presuntamente asesinó a un campesino luego de que este fuera impactado por un proyectil de armas disparadas por la Policía.
• En relación con las detenciones arbitrarias, en 2023, se reportan 72 detenciones y 12 judicializaciones. Las lesiones oculares y personales representan más del 20% del total de agresiones. Es de resaltar que 7 de los 8 casos documentados se presentaron en el marco de protestas en las instalaciones de universidades públicas, particularmente la Universidad Nacional y la Universidad Distrital de Bogotá, siendo la jefa de la policía, la alcaldesa Claudia López.
• Apertura de la investigación por lanzar gases lacrimógenos en plena Plaza de Bolívar en Bogotá el 8 de marzo de 2024.

La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y la Policía Nacional (Fudis) han sido responsables de la mayoría de los casos de violencia policial en protestas sociales, con un 46% y un poco más del 42% respectivamente. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por una “Transformación Policial +Humana,” no se ha evidenciado un cambio sustancial en la conducta de las fuerzas de seguridad, ya que persisten patrones de violencia, como las lesiones oculares en manifestaciones. Además, no solo la Policía Nacional, sino también servicios de inteligencia, fuerzas militares y funcionarios públicos han estado involucrados en actos de violencia contra las protestas, representando el 5% de los registros de agresiones a la manifestación pública en 2022 y 2023.

La violencia uniformada, 2023

Mentalidad de guerra

La falta de confianza en las instituciones y la persistencia de conflictos sociales y políticos hacen que la situación sea compleja y difícil de resolver, mientras no se cambie el discurso de la doctrina del enemigo interno (Discurso anticomunista, promovido por Estados Unidos desde la Guerra Fría que terminó en la estigmatización de toda oposición a los intereses hegemónicos) en la Policía Nacional, será imposible efectuar un cambio de fondo dentro de los miembros de la UNDMO.

« Sobre la doctrina del enemigo interno, “La Comisión de la Verdad en Colombia ha analizado cómo esta doctrina se utilizó para justificar la persecución y el exterminio físico y político de aquellos considerados enemigos internos. El informe final de la Comisión no solo es un documento histórico, sino también un análisis cultural sobre cómo la guerra transformó la sociedad colombiana bajo el discurso de estigmatizar al otro”[23].

Conclusiones

El gobierno progresista del Pacto histórico de Gustavo Petro se ha quedado en un discurso vacío frente al desmonte del Esmad y la paz total se ha convertido en un simple eslogan ante una crisis económica y social que continúa. Porque:

• Cambiar de nombre ESMAD a UNDMO sin un verdadero desmonte de un aparato de guerra, significa que no se camina hacia la paz total,
• No se ha cumplido y será muy difícil hacerlo, pasar a la Policía Nacional / Unidad UNDMO hacia el Ministerio del Interior cambiando, como los sugiere la Comisión de la Verdad, la doctrina de guerra con el fin de “disminuir la militarización, poner en el centro el cuidado de la vida, la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario »,
• Sin desmontar la doctrina del enemigo interno, estigmatizando y señalando a los que protestan como si fueran enemigos a silenciar, es seguir declarándole la guerra al pueblo,
• Los protocolos para proteger los derechos humanos existen, pero no se respetan,
• Limitación de diálogo entre las instituciones, la comisión de verificación y los protestantes, sin abrir espacio a, por lo menos, reuniones para que los protestantes puedan expresar sus inconformidades,
• Varios plantones, protestas han sido violentados por parte de la policía, pese a ser de mujeres, poco concurridas y sin el mínimo accionar violento o que altere la ciudad,
• La no limitación y prohibición del uso de determinadas armas de menor letalidad en el marco de protestas sociales,
• Se siguen observando y denunciando casos de represión y de abusos policiales,
• Los ciudadanos no pueden protestar tranquilamente y frente a las denuncias de violaciones de DDHH, se sigue con la discusión de ¿Quién da la orden? ¿De quién depende la línea de mando de la policía? ¿Por qué se reprimen plantones de toda índole en el país? Nadie quiere asumir la responsabilidad de la violencia y dilatar es abrir la puerta a la impunidad.

• El derecho a la protesta debe garantizarse sin ningún tipo de intervención represiva, por lo cual, unidades policiales como el ESMAD o ahora el UNDMO son más que innecesarias en el marco de la búsqueda de la paz total.

Al gobierno progresista de Gustavo Petro se le acorta el tiempo y queda en el ambiente la sensación que el Pacto histórico pasará a la historia como un otro Frente Nacional, el cual permitió a las elites seguir desangrando al país, además de perpetuarse en el poder.

Citas

[1] La Violencia uniformada. Una radiografía del abuso policial en Colombia (2019-2023). Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,2023

[2] La construcción del movimiento estudiantil en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Daniel Giovanny Mendieta H. Biblioteca virtual Banco de la República , 2023

[3] Hace 100 años manifestación estudiantil en Medellín. Museo Nacional de Colombia, 2021

[4] La rebelión social y popular de 2021 en Colombia. Elementos para su comprensión. Jairo Estrada, Carolina Jiménez, José F. Puello-Socarrás. Clacso, 2023

[5] Ambos venimos de morir, susurros acechantes del estudiante caído. Jorge W. Gomez-Agudelo. Universidad de Manizales. CINDE, noviembre 2013

[6] Corteconstitucional.gov.co

[7] Un nuevo mapa interactivo revela la violencia ejercida por el Estado contra quienes protestan en todo el mundo. Amnistía internacional, 2023

[8] Estigma, la identidad deteriorada. Goffman Erving. 1963

[9] El ‘legalismo perverso’ que criminalizó la defensa de los derechos humanos. RadioNacional.co. 2021

[10] Colombia defiende ante la CIDH que « no violan » los DDHH y que son un país con un « contexto diferente. Europapress.es. junio 2021

[11] Personería niega agresiones en desalojo del campamento por la paz. El Tiempo, mayo 2016

[12] Policía rechazó informe de la ONU y niega masacre durante las protestas. Radionacional.co. Diciembre, 2021

[13] Abuso policial no muestra “tendencia de carácter sistemático”: presidente Duque [13]. El Espectador. Junio, 2021.

[14] Las 43 muertes que involucran al ESMAD antes del #21N. Ligacontraelsilencio.com, 2019

[15] Actuar desmedido del ESMAD durante el Paro Nacional dejó más de 100 personas con traumas oculares. Amnistía Internacional , 2021

[16] Una investigación de la ONU concluye que la policía colombiana mató a 11 jóvenes en las protestas de Bogotá. ElPais.com 2021

[17] CIDH condena el uso excesivo de la fuerza durante las protestas. ElTiempo.com, mato 2021

[18] Claudia López pidió a director de la Policía ingresar a Universidad Nacional y detener a criminales. El Espectador , 2023

[19] Proyecto que buscaba desmonte del Esmad se cayó en primer debate en el Senado. El País , 2021

[20] La violencia uniformada, una radiografía del abuso policial en Colombia (2019-2023). Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 2023

[23] Transformar la doctrina militar y otras recomendaciones del Informe Final. EL Espectador, junio 2022

[23] La Comisión de la Verdad: la doctrina del enemigo interno sirvió para “la persecución y exterminio físico y político”. El Pais, juion 2022