LOS LÍDERES SOCIALES EN COLOMBIA CONTINÚAN EN ALTO RIESGO
«Es un hecho que las respuestas estatales y gubernamentales ante escenarios sociales que plantean demandas sustantivas y reivindicaciones populares en Colombia han sido la represión y las violencias policial y militar; se trata de una impronta sistémica y sistemática a la vez y parte de las configuraciones estructurales del orden capitalista vigente en el país, que durante décadas ha hecho suya la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional y el combate al enemigo interno para preservarse y reproducirse».
La rebelión social y popular de 2021 en Colombia [1]
¿Quiénes son los líderes sociales?
Es difícil estandarizar, definir, tratar de homogeneizar a los líderes sociales y más en un país como Colombia, donde las actividades que realizan están asociadas al conflicto armado, la reclamación de tierras hasta la protección de ecosistemas como humedales y paramos, la preservación del arbolado, causas feministas, causas culturales, de niñez, o de presos políticos, entre otras. Su rol es importante en la consolidación del movimiento social, puesto que el poder de las luchas sociales son el motor de los cambios económicos, sociales, culturales y ambientales, cuestionando el sistema capitalista generador de la violencia y la miseria. Y frente a esas reivindicaciones sociales, sus voces son silenciadas desde hace varias décadas en total impunidad, ante la indiferencia absoluta del Estado colombiano.
“El líder o lideresa social se caracteriza por trabajar sin remuneración económica, por el contrario, su actividad se basa en la iniciativa propia y guiado por el liderazgo, generando un compromiso y empoderamiento en el territorio para lograr beneficios que contribuyan al mejoramiento de
Morir para vivir: La defensa histórica de la vida de las y los líderes
la calidad de vida de las familias que hacen parte de su entorno social”
sociales en Colombia [2]
Situación de los líderes sociales en Colombia
En 2024, los líderes sociales en Colombia siguen enfrentando una situación muy delicada y peligrosa debido al conflicto armado y al narcotráfico que aún afecta al país, problemas que continúan siendo alimentados por las desigualdades sociales existentes. Es así como muchos de estos líderes comunitarios, ambientales, indígenas y afrodescendientes, defensores de los derechos humanos, entre otros, que trabajan en áreas afectadas por la violencia, son objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos e incluso son asesinados por parte de grupos armados ilegales y delincuentes comunes, así como por parte de los sectores políticos y empresariales interesados en la apropiación de tierras y recursos naturales.
Un informe de la Comisión de la verdad en público el 28 de junio de 2022, una instancia creada en el marco de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Estado de Colombia (2016), deja entrever el papel que han jugado las multinacionales y grandes empresarios en asocio con el poder político y militar, en el patrocinio de grupos paramilitares, violación de DDHH, daños ambientales, todos asociados al acaparamiento de tierras y ampliación de mega negocios de carácter extractivo, entre otras.
Comisión de la verdad, Colombia
En ese contexto de violencia, cegar la vida de los líderes sociales tiene como objetivo no solo el de silenciar sus voces, también el de destruir el tejido social que construyen con sus diversas actividades a través de sus colectivos u organizaciones.
Cifras
Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2023
- han sido asesinados 1.513 líderes (as), sociales y defensores de DDHH.
- 380 firmantes del acuerdo de paz
- en el caso de las masacres, con un registro a partir del 07 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2023 se han cometido 404 masacres que han dejado 1486 víctimas.
Lo anterior, en medio de una implementación del Acuerdo Final de Paz rezagada, especialmente para lo que tiene que ver con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y el desmantelamiento de organizaciones criminales que ponen en riesgo la seguridad de la población y de quienes ejercen algún tipo de labor de liderazgo o defensa de derechos humanos en los territorios [3]. Cabe recordar que durante el anterior gobierno de extrema derecha de Iván Duque, el asesinato de líderes sociales aumentó en un 52%.
Cifras progresistas
En el gobierno progresista de Gustavo Petro, pese a las políticas que buscan garantizar la paz al pueblo colombiano, las cifras de las violaciones de derechos humanos en varias zonas del país no disminuyen. Según Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, « pese a una cierta reducción de la violencia en 2023, la vida de muchas comunidades sigue bajo una fuerte amenaza ».
« En el último informe del Programa Somos Defensores se señala que los homicidios de personas defensoras de derechos humanos descendieron levemente al comparar los primeros semestres de 2022 y de 2023, pero los atentados aumentaron un 93 % »[4].
El informe anual de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos de DDHH, publicado por la Defensoría del Pueblo en enero de 2024, en 2023 fueron asesinados 181 líderes y el departamento con más homicidios de líderes fue el Cauca, con 36 casos, seguido de Antioquia. Y el 88% de las víctimas registradas, en 25 de los 32 departamentos de Colombia, son hombres.
Los líderes ambientales son los que están en mayor riesgo en Colombia
Con respecto a los líderes ambientales, Colombia lidera el deshonroso ranking de mayor número de líderes sociales asesinados con 60 durante 2022, aún no se han publicado las cifras consolidadas del 2023 por Global Witness 177 líderes ambientales fueron asesinados en el mundo y de ellos 156 eran latinoamericanos. Entre el 2012 y el 2022 han sido asesinados en Colombia 382 líderes ambientales, siendo la cifra más alta en Latinoamérica [5].
Los sectores con mayor riesgo para los defensores ambientales son la minería legal e ilegal de oro y metales preciosos; el acaparamiento de tierras, las actividades económicas ilegales de uso ilícito, el narcotráfico y la agroindustria.
Acuerdo de Escazú
En Colombia, implementar el Acuerdo de Escazú es una cuestión de vida o muerte
Globalwitness.org
Bajo el escenario de violación de los derechos humanos, en 2022 se ratificó de El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional busca mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y tiene el potencial de fortalecer la protección de líderes ambientales al promover la transparencia y la participación ciudadana en decisiones relacionadas con el medio ambiente.
Palabras y mucha pasividad
Sin embargo, cerca de año y medio después de su ratificación, no se ven cambios ni acciones sustanciales por parte del Estado para la protección integral de los líderes ambientales ni de los líderes sociales en general, por tanto, la ratificación del acuerdo no deja de ser solo una firma protocolaria y no un compromiso con la vida de los y las defensoras de la naturaleza y los ecosistemas.
Además de esto, las leyes que protegen al medio ambiente no son aplicadas, lo que permite continuar con el modelo económico capitalista que explota los recursos de manera indiscriminada, provocando contaminación, destrucción de la naturaleza, violación de los derechos humanos y miseria.
Inacción de la justicia
La impunidad en muchos de estos casos es un problema grave, ya que pocos de los responsables son llevados ante la justicia.
La mala investigación de los crímenes contra líderes sociales perpetúa la impunidad. A esta conclusión llegó un estudio realizado por varias organizaciones sociales, que afirman que la Fiscalía no está entregando cifras reales sobre el esclarecimiento de los asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc.
hacemosmemoira.org [6]
El gobierno colombiano ha expresado su preocupación por los crímenes y ha implementado medidas para proteger a los líderes sociales, como la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO) , el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), entre otras acciones.
Seguridad sin seguridad
Sin embargo, la efectividad de estas medidas sigue siendo cuestionada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, puesto que las condiciones de seguridad para los líderes no mejoran, como lo demuestran sus frecuentes reclamos por garantías y muchos no poseen esquemas de seguridad pese a tener denuncias de amenazas de muerte.
« Como movimiento de derechos humanos exigimos garantías para la vida en los territorios. Las amenazas a líderes ambientales que protestan contra la minería en Santander. Comunidades y organizaciones sociales se han estado movilizando contra un proyecto minero de explotación de carbón a cielo abierto en Santander, Colombia, por más de 20 días, enfrentando amenazas, intimidaciones y acciones de vigilancia y seguimiento » [7].
Recursos jurídicos
20 líderes sociales de diferentes regiones del país con el apoyo de organizaciones sociales, movimientos de base social e instituciones académicas, presentan una acción de tutela reclamando protección constitucional de su derecho a defender sus derechos, el riesgo de su vida e integridad personal, pese a tener esquemas de seguridad, estos son insuficientes para proteger sus vidas, no han cesado los atentados ni las amenazas.
Por tanto, la corte constitucional declaró el 6 de diciembre de 2023 que existe un Estado de Cosas Inconstitucional en relación con la situación de seguridad de líderes y lideresas del país. El primer fallo de esta tutela se dio en el año 2019, cuando el juzgado 45 civil del circuito de Bogotá falló a favor de las peticiones de los y las accionantes y el tribunal superior de Bogotá confirmó la decisión.
“En el marco de la Sentencia SU-546/23, el Alto Tribunal dijo que este derecho debe ser entendido desde al menos cuatro dimensiones: la seguridad personal de quienes defienden los derechos humanos, el debido proceso administrativo de sus casos, su derecho a ejercer libremente los liderazgos y la garantía de una justicia efectiva para ellas y ellos”.
Coljuristas, 2023[8]
Dentro de la sentencia se responsabilizan a 3 instituciones del Estado, al Ministerio del Interior, a la Fiscalìa General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El Estado de Cosas Inconstitucional busca que el Estado asuma, en una situación de grave violación de los derechos fundamentales de amplios sectores poblacionales en situación de máxima vulnerabilidad, todas las medidas necesarias para su protección.
La estigmatización
Otro peligro al que se enfrentan los líderes sociales es al cubrimiento periodístico desequilibrado de sus actividades, puesto que los medios tradicionales no solo deslegitiman las acciones de sus luchas, sino que también desinforman y estigmatizan a los líderes y movimientos sociales.
En consecuencia, además de la posición de vulnerabilidad que deben enfrentar por las acciones de violencia de las cuales son objetos, se le suma el efecto estigmatizador del descrédito generalizado del trabajo de defensa y liderazgo social, llevando a los medios hasta responsabilizar a los mismos líderes de las amenazas, atentados y asesinatos en su contra. Por otro lado, en la mayoría de cubrimientos de los medios masivos de comunicación, poco se habla de las demandas o propuestas de las organizaciones y poco se escucha la voz de líderes y lideresas.
Lourdes Castro, directora del Programa Somos Defensores: “La estigmatización en Colombia ha sido una práctica histórica y es un factor estructural de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Se han normalizado situaciones donde los defensores de derechos humanos son señalados de distintas cosas y eso crea un imaginario colectivo que deslegitima su labor” [9].
Retos para el Gobierno y el movimiento social
Movimiento social
- Para el movimiento social es urgente la organización alrededor de la protección de los líderes sociales y las organizaciones que representan, teniendo en cuenta la Sentencia SU 546/2023 donde se declara un Estado de Cosas inconstitucional con respeto a la seguridad de líderes y lideresas en todo el país.
- Es necesario solicitar al gobierno nacional compromisos claros para garantizar no solo la protección por medio de esquemas de seguridad, sino un trabajo conjunto para la investigación de amenazas y asesinatos con la Fiscalía General de la Nación, la Policìa, el ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia.
- Los líderes sociales y sus asesinatos no pueden seguir siendo analizados como una estadística más, aquí estamos hablando del movimiento social que es perseguido por grupos al margen de la ley con el consentimiento y la mirada indiferente del Estado colombiano.
Gobierno
- La persistencia de amenazas y asesinatos de líderes sociales y ambientales es un indicador de los desafíos que enfrenta Colombia en materia de derechos humanos y seguridad.
- Para el gobierno nacional, el reto no puede solo estar en lo denominado como Paz Total – que está basada en desmovilizar a los grupos armados del país – sin revisar los riesgos a los que se enfrentan los líderes sociales, sus familias y sus organizaciones.
- La Paz Total no puede ser un « logro » sin superar las desigualdades sociales, los conflictos socioambientales, sin proteger ecosistemas y las comunidades indígenas, afro, campesinas que viven aún en sus territorios.
« Experto de la ONU Calí Tzay: urge a Colombia dar prioridad a los derechos de los Pueblos Indígenas para lograr la “Paz Total. Reconoció los avances legales positivos y las intenciones del Gobierno de fortalecer los derechos de los Pueblos Indígenas, pero deploró los persistentes desafíos que amenazan la existencia misma de muchos de ellos, poniéndolos en riesgo inminente de exterminio físico y cultural » [10].
Ohchr.org, 2024
Al gobierno progresista se le está acabando el tiempo para implantar cambios que favorezcan a los líderes sociales y su impacto está lejos de las promesas de campaña, porque por ejemplo, ¿cómo proteger a los líderes sociales y ambientales, a las comunidades indígenas si se sigue explotando la tierra con la extracción de minerales como el « Cobre, níquel, litio y cobalto: la apuesta de Petro para la transición energética » ?[11].
La inversión extranjera, como la canadiense, apoyará proyectos de gobernanza y paz en Colombia. ¿Eso significa que las empresas canadienses como Auxico seguirán explotando los recursos naturales « gracias » a la paz total, mientras el pueblo seguirá en la miseria y los líderes sociales continuarán cayendo bajo las balas de los sicarios?
« El informe Regional revela la situación de 37 proyectos en 9 países de la región, y que involucran la participación de 34 empresas y consorcios canadienses. En su mayoría, estos proyectos pertenecen al sector extractivo (27 mineros y 8 petroleros) y dos de energías renovables (1 hidroeléctrico, 1 eólico). En todos ellos, se han vulnerado derechos humanos y se reportan graves impactos al ambiente, afectando a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y pescadoras.
Desenmascarando a Canadá por Violaciones a Derechos Humanos en América Latina [12]
El capitalismo ha fomentado e impulsado la forma más violenta de la destrucción de la naturaleza, la contaminación del medio ambiente, creando las desigualdades sociales y la miseria. Entonces, desde este punto de vista, si seguimos priorizando los intereses extranjeros y las políticas económicas y ambientales continúan enfocadas en el mito del desarrollo que solo es la explotación de nuestros recursos naturales, la pregunta es, ¿los gobiernos progresistas que persisten en el capitalismo, pero coloreado de verde (capitalismo verde es un oxímoron), son la ruptura y el cambio que Colombia necesita?
Una mirada hacia el Congo.
»Los esclavos del coltán: La guerra por el coltán no solo afecta a la población, sino que arrasa con la fauna y flora local. La demanda del coltán podría acabar con los últimos gorilas de las montañas congoleñas. El número de gorilas de Grauer se ha reducido alarmantemente en los últimos años debido a la extracción tanto legal como ilegal del coltán y la destrucción de su hábitat natural.
Los Esclavos del Coltán. Revista Purgante [13].
Citas
[1] La rebelión social y popular de 2021 en Colombia. Jairo Estrada Álvarez, Carolina Jiménez Martín
y José Francisco Puello-Socarrás. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2023
[2] Morir para vivir: La defensa histórica de la vida de las y los líderes
sociales en Colombia. David Restrepo, investigador Indepaz
[3] Balance de seguridad, primer año de gobierno Petro. Indepaz &Temblores,2023
[4] Reducción de asesinatos de lideresas y líderes sociales estuvo ligada a la suerte. Verdad Abierta, 2023
[5] Cifras consolidadas con Global Witness
[6] La mala investigación de los crímenes contra líderes sociales perpetúa la impunidad. hacemosmemoria.org , 2021
[7] Solidaridad Internacionalista con las comunidades de Santander, Colombia. Amigos de la Tierra,2023
[8] Corte Constitucional le da vida al derecho a defender derechos, Coljuristas, 2023
[9] Estigmatización, un camino que allana terreno para la violencia. Verdad abierta, 2023
[10] Experto de la ONU urge a Colombia dar prioridad a los derechos de los Pueblos Indígenas para lograr la “Paz Total. Ohchr.org, 2024
[11]Cobre, níquel, litio y cobalto: la apuesta de Petro para la transición energética. Pais minero.com, 2023
[12]Desenmascarando a Canadá por Violaciones a Derechos Humanos en América Latina. Aaidaamericas.org. 2023
[13]Los escalvos del contal. Revista Purgante , 2021
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