El negocio de la salud

El derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos y de lo que entendemos por una vida digna. El derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. En el plano internacional, se proclamó por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, en cuyo preámbulo se define la salud como « un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades ». También se afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, también se menciona la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (art. 25). El derecho a la salud también fue reconocido como derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966 [1]

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de los seres humanos es esencial para su desarrollo; en la actualidad, gracias a los avances en la medicina y la tecnología, en muchos países las personas viven más tiempo. Pero hoy el Coronavirus nos ha mostrado la verdadera cara del sistema de salud en el mundo, la salud como negocio. En Colombia, pasando por Estados Unidos, España o Gran Bretaña, no son la excepción.

¿Por qué a pesar de los avances en medicina las personas mueren en la puerta de un hospital, violando el derecho fundamental de la salud?

Derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco que los gobiernos de países pobres tengan que establecer servicios de salud costosos para quienes no disponen de recursos. Significa que los gobiernos y las autoridades públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve posible. Lograr que eso ocurra es el reto al que tienen que hacer frente tanto la comunidad encargada de proteger los derechos humanos como los profesionales de la salud pública [2].

Mary Robinson, Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2002

Salud como derecho o negocio

Entre las manos de la OMC

En el libro de Louis Webber, « OMC, AGCS, hacia la privatización de la sociedad », en 2003, describe como la Organización Mundial del Comercio (OMC), bajo el impulso de Estados Unidos, somete todas las actividades humanas a la lógica del mercado.

Entre las herramientas para llevar a cabo esta privatización, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). El objetivo principal es el de avanzar gradualmente, mediante negociaciones periódicas, hacia el libre comercio de servicios, desde la lógica neoliberal. Además, sin excluir ningún servicio, es decir, amenazando sectores de servicios públicos importantes como la educación, la cultura o la salud.

La privatización de una empresa pública consiste en la transferencia o traspaso de una empresa o actividad que estaba en manos del Estado o sector público al sector privado. En otras palabras, es el sometimiento de la empresa pública a los mecanismos del mercado con el objetivo de maximizar el rendimiento de las inversiones de los accionistas de la empresa privada.

Sin dinero, no hay salud

Desde Estados Unidos a Europa y de allí a todos los rincones del planeta -sin excepción- los problemas de las desigualdades en la salud siguen en aumento. Así, por ejemplo en Estados Unidos, según un estudio de Harvard de 2009, aproximadamente 45.000 muertes anuales fueron relacionadas por la falta de cobertura en la salud.

Como consecuencia de esto, los estadounidenses sin seguro y activos laboralmente tienen un riesgo elevado de morir, un 40 por ciento más alto de aquellos que pueden pagarse un seguro privado. En 2020 la situación ha empeorado, siendo las minorías y las comunidades latinas y negras las más afectadas.

Estas desigualdades sociales se ven reflejadas en como los hospitales o representantes del Estado presionan a los pacientes (o ¿clientes?). Mientras los pacientes luchan por como pagar las facturas, los hospitales denuncian a los pacientes en los tribunales para obligarlos a pagar las deudas médicas, como sucede en el Carlsbad Medical Center, en Nuevo México. O peor aún, en algunos Estados – como en Kansas- pueden incluso arrestar a los pacientes.

También en Europa crecen las desigualdades sociales y la salud es una de ellas, puesto que las personas deben decidir entre comer o sanarse. Para ilustrar la situación, el documental « La salud, el negocio de la vida », sobre la corrupción en el sistema de Salud de Cataluña, España.

Este documental « analiza la situación de la salud pública, los determinantes de la salud:las desigualdades sociales, el derecho universal a la sanidad y las consecuencias de las políticas gubernamentales, las privatizaciones, la exclusión que se está generando, la corrupción en el sector de la salud, etc. ».

¿Y en Colombia?

El derecho a la salud fue integrado en la Constitución Política de 1991 consagrado como un derecho fundamental en el artículo 44. En la sentencia T-760 de 2008 se le dio a la Salud el carácter de derecho fundamental. Posteriormente fue ratificado en la Ley Estatutaria de Salud de 2015, conforme a los lineamientos de los Organismos Políticos Internacionales.

Antecedentes históricos

Una aproximación histórica de la salud en Colombia varias etapas: higienismo (1886-1957), salud pública(1947-1957), salud y desarrollo (1958-1974); al Sistema Nacional de Salud (SNS) (1974-1993) y por último, al establecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en 1993.

La higiene y la previsión social bajo la influencia extranjera

La Ley 96 del 6 de agosto de 1938 creó el Ministerio de Trabajo Higiene y Previsión Social. Y el decreto 2392 de 1938 organizando el Ministerio en diferentes departamentos. Entre ellos, las cooperativas y previsión social, Servicios Coordinados de Higiene, Protección Infantil y Materna, Asistencia Social e Ingeniería Sanitaria.

En 1941 bajo la política del « buen vecino » de Estados Unidos se crea el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (SCISP). Una cooperación técnica y económica sanitaria, ligada a los intereses de la política desarrollada por los Estados Unidos. El objetivo principal, fortalecer la influencia política norteamericana a partir de programas sanitarios a través de las recomendaciones y las acciones de la Oficina Sanitaria Panamericana, la Fundación Rockefeller y el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Así, en coordinación con Asuntos Interamericanos, al mando de Nelson Rockefeller, el gobierno colombiano firma el convenio, creando la Ley 36 de 1942 y el Decreto 41 de 1943, el SCISP.

Los objetivos geo estratégicos de estas acciones, buscaban mantener la lealtad de los países latinoamericanos al bloque occidental en la guerra fría, además de dinamizar las economías locales a partir de las mejoras de las condiciones de vida a fin de abrir nuevos mercados para la industria norteamericana [3]

C, Bustios, MM Chavez & JP, Murillo,2019

De la higiene a la salud pública

En 1945 con la ley 6 – se crea la Caja Nacional de Previsión del Sistema de Seguridad Social para prestar seguridad social en favor de los empleados del sector público. Es el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y la atención médico asistencial para el usuario y sus beneficiarios.

Un año después, en 1946, con la ley 90, se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, más tarde llamado “Instituto de Seguros Sociales” (ISS). Entidad para cubrir la seguridad social de los trabajadores del sector privado.

Dice Óscar Rodríguez Salazar, Experto en Seguridad Social: « Vale la pena anotar que la Federación Médica se opuso al Sistema de Seguridad Social por cuanto argumentó que el nacimiento del Seguro Social iba a romper la relación médico-paciente, porque solamente se podía escoger al médico que estuviera adscrito al Seguro Social, y por otra parte, yo creo que la razón central era porque nivelaba tarifas, en un momento en que la relación de población y médicos era de un médico por cada 30.000 habitantes. Entonces, el Seguro al nivelar tarifas y al reducirlas afectaba los intereses de la agremiación ».

En 1948, mediante el Acto Legislativo No.77, se crea la Oficina Nacional de Medicina de Higiene Industrial y posteriormente, con el Decreto 3767 de 1949, se establecen políticas de seguridad industrial e higiene para los establecimientos de trabajo. Hacia 1950 empezaron a crearse las cajas de previsión por cada empresa pública, asumiendo poco a poco las funciones de seguridad social en salud.

Jorge Vivas R, en el Sistema Nacional de Salud de Fedesarrollo escribe: « En el transcurso de las décadas de los cuarenta a los sesenta, los hospitales serían bautizados por el gobierno como “Instituciones de Utilidad Común” y tendrían financiación estatal por medio de los denominados “auxilios”, término que implicaba transferencia de recursos sin contraprestación ».

De reestructuración en reestructuración

Para finales de los años 50, los discursos de desarrollo y gestión pública buscaban que la inversión técnica y tecnológica planificada a gran escala universalizara entre otros, a la salud (18). Hacia los años 60, se discutía
acerca de la atención en salud como obligación del Estado y derecho social no solo ligado al trabajo. Con la creación del Sistema Nacional de Salud en 1975, el país se movió durante casi veinte años, con aciertos y desaciertos, hacia la atención primaria en salud, la descentralización y los sistemas locales de salud. Este nuevo ordenamiento consolidaría redes distintas de atención, una de seguridad social para trabajadores(financiada con aportes de trabajadores, empresas y el Estado) y la otra para el resto de la población (subsidiada totalmente por el Estado).[4].

MY.Pinilla &CE, Abadía, 2017

El Sistema Nacional de Salud –SNS–se creó por medio del Decreto Ley 056 de 1975 con fundamento en la Ley 9a de 1973.

En 1977 el Instituto Colombiano de Seguros Sociales –ICS fue reorganizado y transformado en el Instituto de los Seguros Sociales –ISS– a través de los Decretos Ley 1650. Y en 1990 con la expedición de la Ley 10a reorganiza nuevamente el Sistema Nacional de Salud, un reordenamiento administrativo y financiero del SNS. La descentralización de los servicios de salud hacia los departamentos y municipios.

El Sisben

El Sistema de Identificación de Beneficiarios de Subsidios del Estado, fue creado con decreto 1895 de 1994. El principal objetivo, la cobertura de salud de la población de bajos recursos o en condiciones de pobreza, pero este sistema no ha garantizado el derecho a la salud a la población para la cual fue elaborado.

Como dice el sociólogo Oscar Fresneda Bautista, « el problema del SISBEN no es únicamente un problema técnico. Es decir, no es simplemente la calidad de un índice para discriminar pobres, donde se podrían ver cuáles son las ventajas y las desventajas. El SISBEN excluye relativamente bien a los no pobres, pero deja de lado muchos pobres. En ese sentido es un instrumento débil, que de todas maneras puede apoyar y racionalizar un poco el proceso de selección: contrarrestar ciertas tendencias de preferencias, de clientelismo, de amiguismo en la selección ».

En cada etapa se han podido identificar los procesos políticos y económicos que han permeado las directrices del sector; la salud no es ajena a las situaciones cambiantes del país viéndose afectada por los problemas derivados del clientelismo, la corrupción, la cooptación del Estado, las formas de violencia, el conflicto armado, las desigualdades sociales y económicas, entre otras [5].

EL. Barrera, 2015

Bajo las políticas neoliberales

El Sistema de Salud Colombiano ha estado regido por las políticas neoliberales y al servicio de los intereses de los emporios económicos cuyo principio es el de la rentabilidad para satisfacer a los accionistas de la inversión privada.

El Estado colombiano fue actualizando su legislación siguiendo los modelos europeos y bajo la influencia de Estados Unidos pero sin una verdadera concertación ciudadanía. Es decir, sin tener en cuenta a las comunidades negras, indígenas y campesina, así como tampoco a los diferentes sectores sociales. Como resultado, se tiene un sistema de salud excluyente, de baja calidad y de difícil acceso.

El modelo neoliberal para la salud se aplicó por primera vez en Chile en 1981, en el marco de una dictadura militar. Tras su aplicación en muchos países de América Latina, a partir de 1988, y al no poder solucionar el problema de la cobertura universal, se implantó una nueva versión 2.0 del mismo, llamado “pluralismo estructurado”. Esta versión se estrenó en Colombia en 1993 con la Ley 100. Al igual que en Panamá, en aquel entonces, se manejaron nociones como humanismo, calidez humana, calidad, atención universal, equidad y, además, mayor eficiencia en los sistemas sanitarios [6].

JA. Osorio B, 2008

La tendencia observada en América Latina, respecto a la seguridad social, ha sido la de la privatización total o parcial de los sistemas de pensión y salud. Seguridad social que no se ha universalizado y cuya disponibilidad, accesibilidad y calidad siguen siendo deficientes.

La ley 100 en Colombia

En Colombia, bajo el gobierno liberal de Cesar Gaviria, en la década de los años noventa, se inicia un proceso de apertura económica y un programa para una supuesta « modernización » del Estado. Una de las herramientas de dicha transformación, la implementación de leyes y programas sociales basados en la teoría del capital humano para cambiar el sistema pensional, el laboral, el de protección de riesgos laborales y el de salud, este último creando el Sistema Integral de Seguridad Social, bajo ley 100 de 1993, cuyo ponente fue Álvaro Uribe Vélez.

Ley 100 es otra pandemia para el país », José Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia

« Debido a la mercantilización del sistema de salud del país producida por esta ley, se perjudicó de forma grave a los médicos en el país: « el médico general se convirtió en un tramitador, en algo distinto al que era antes. Cuánta plata se le inyectó al sector salud y no llega ni a los hospitales públicos, eso se queda en las EPS y las redes privadas » [7].

Como consecuencia a todo lo expuesto anteriormente, el sistema de salud como negocio convierte:

• Al paciente, en un simple cliente, llevándolo incluso a morir en las puertas de un hospital esperando el derecho a una atención digna
• Al médico, en un mercader bajo condiciones laborales indignas.

Mientras los accionarios, los dueños de la salud, se enriquecen.

Un documental, Paciente, muestra la realidad del problema del inhumano sistema de salud en Colombia. Tráiler.

¿Formar profesionales sin derechos?

Con el Coronavirus ha quedado al descubierto -aún más- la crisis sanitaria. Se forman profesionales en salud y se les llama héroes, pero sus derechos laborales y a una vida digna son violados. Los pacientes y/o sus familiares, al no ser atendidos, descargan su desespero en el personal médico, convirtiendo las relaciones personal médico-paciente en un infierno.

Los hospitales enfermos

Como se viene explicando, las reformas en el sector salud en Colombia se produjeron en el marco de las « grandes transformaciones » económicas, políticas y sociales a nivel global. Es la aplicación del sistema neoliberal a gran escala. Tal como se puede constatar, la salud es vista como un producto de consumo regido bajo las normas impuestas por el mercado.

Es desde esta lógica mercantilista como los hospitales han sido también otros grandes damnificados de la ley 100 de 1993. Esta ley estableció políticas financieras de autofinanciación reduciendo progresivamente los subsidios que permitían el equilibrio económico de las entidades públicas de salud. Adicionalmente a ello, se aplican las nuevas reglas de administración en salud y de políticas públicas, convirtiendo al hospital en una empresa. La entidad pública al servicio de la ciudadanía pasa a ser un comercio de la salud, violando el derecho humano fundamental de la salud.

Fue al final de 1998 que todos los hospitales públicos entraron en crisis, después de la aplicación de la Ley 344 de 1996. “Esta Ley convierte los recursos transferidos históricamente a los hospitales públicos (subsidio a la oferta) en subsidios a la demanda, lo que significa que los hospitales dejan de recibir directamente los recursos para su funcionamiento y deben sostenerse con la facturación o venta de servicios” (Paredes 2005, 4). Así, la única posibilidad de financiación de los hospitales es por medio de los pacientes y usuarios, que de igual manera son recursos insuficientes, y por esto, los servicios prestados son ineficaces. Debido a esta precarización de la salud, muchos de los hospitales públicos en el país se vieron damnificados, de forma tal que tuvieron que cerrar sus puertas. La imposición de una nueva lógica de financiamiento fue catastrófica para el mantenimiento de los centros de salud, en especial en el caso de los hospitales y las clínicas públicos [8].

S, Castiblanco Molina, 2017

No hay cama para tanta gente

¡No hay cama! Esa es la consecuencia de la Ley 100 en la red pública hospitalaria. El gobierno arrojó a las calles a miles de trabajadores de la salud, eliminó servicios, cerró hospitales y ahora la consecuencia lógica
es que ¡no hay camas! ni personal de salud suficiente para atender a millones de colombianos que potencialmente requieren servicios de salud y que ya ni siquiera se arriesgan a salir de sus casas cuando enferman. No hay hospital que los atienda, no tienen carné, no tienen el copago, o ni siquiera tienen el pasaje para salir de la vereda, debido a que el puesto de salud se cerró y ahora sus edificaciones las habitan los murciélagos. A la promotora de salud de la vereda no le renovaron el contrato, porque la alcaldía se gastó la plata del PAB (Plan de Atención Básico) en comprar una filmadora y por eso ahora los niños indígenas menores de cinco años nuevamente mueren por diarrea y deshidratación en el municipio de
Belalcázar, Caldas [9]

M, Velez, médica, 2003

El número de camas es un indicador de calidad y eficiencia de los servicios hospitalarios. Según la OCDE, el número promedio de camas hospitalarias en América Latina y del Caribe (LAC) es de 2,1 por 1.000 habitantes, menos de la mitad del promedio OCDE de 4,7. Y en Colombia se repite « No hay cama para tanta gente » y se mueren las personas en las puertas de un hospital.

Por eso se protesta, por eso se sale a las calles. La salud es un derecho. ¡EXIGIRLO! es todo un derecho y el Estado está en la obligación de ofrecer un sistema de salud digno para el paciente, como para el personal médico.

Bibliografía

Citas

[1] ONU, Folleto Informativo N° 31,2008

[2] Mary Robinson, Organización Mundial de la Salud, 2002

[3] C, Bustios, MM Chavez & JP, Murillo,2019 (ref.lectura Bustios)

[4] MY.Pinilla & CE, Abadía, 2017 (ref.lectura, Pinilla &Abadia)

[5] EL. Barrera, 2015, (ref.lectura Barrera)

[6] JA. Osorio B, 2008 (ref. lectura Osorio)

[7] « Ley 100 es otra pandemia para el país ». 2020, Periodico Universidad Nacional https://unperiodico.unal.edu.co/

[8] S, Castiblanco Molina, 2017 (ref. lectura, Castiblanco)

[9] M, Vélez. 2003 (ref.lectura, Vélez)

Referencias lecturas

Referencias que se encuentra fácilmente en internet o en las bibliotecas virtuales como la Luis Ángel Arango. Click aqui y los llevará a la biblioteca.