Jóvenes en Paz en Colombia: ¿inclusión social o trampa del asistencialismo estatal?

Las políticas públicas dirigidas a las juventudes deben superar los enfoques asistencialistas y garantizar la participación activa de los y las jóvenes en su diseño e implementación, abordando de manera integral las causas estructurales de la exclusión, la violencia y la desigualdad.”
— CIDH, Derechos de los jóvenes en las Américas, 2020, párr. 81.

En tiempos de “cambio”, el Estado colombiano ha renovado su discurso, pero no necesariamente sus prácticas (ver, ¿Cambio real o clientelismo disfrazado?) . El programa Jóvenes en Paz, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, es presentado como una solución estructural al conflicto urbano y a la exclusión juvenil. Sin embargo, bajo la retórica de la inclusión y la justicia social, se esconde una lógica de contención social, gestión territorial y administración de la pobreza que reproduce formas clásicas de asistencialismo.

Lejos de empoderar a las juventudes populares, el programa las ubica como objetos de intervención técnica, reducidas a beneficiarios de subsidios condicionados, sin transformación real de las estructuras que las precarizan. Este artículo propone una lectura crítica del enfoque, los límites y las implicaciones políticas de Jóvenes en Paz, en el marco de las estrategias de control social con rostro progresista.

La promesa gubernamental: Jóvenes en Paz como respuesta a la violencia urbana

El programa “Jóvenes en Paz” impulsado por el gobierno de Gustavo Petro y gestionado desde el Ministerio de la Igualdad, fue presentado como una estrategia para mitigar la violencia urbana y ofrecer alternativas de vida digna a jóvenes de entre 14 y 28 años en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos expuestos a economías ilegales o dinámicas de conflicto urbano.

La iniciativa contempla una transferencia condicionada mensual de un millón de pesos durante 12 meses, condicionada a la participación de los jóvenes en procesos de formación, acompañamiento psicosocial y actividades comunitarias, con la promesa de vinculación a rutas educativas, laborales o de emprendimiento al finalizar el ciclo.

Transferencias condicionadas

Las transferencias condicionadas llegaron a América Latina en la década de 1990 en el marco de las reformas neoliberales, siendo parte de un paquete de políticas focalizadas que, lejos de buscar una cobertura universal, apuntaban a establecer un mínimo social asistencial para mitigar la pobreza extrema.

Como señala el informe de Manos Unidas (2020):

“Su función es establecer un mínimo social y no eliminar la pobreza en sus múltiples dimensiones. Por otro lado, la exigencia de condicionalidades tampoco son suficientes para promover el desarrollo humano en países donde los servicios públicos de educación y salud son deficientes. Así, sin que haya un sistema de protección social universal y de calidad, los programas de transferencia condicionada no son capaces de fomentar la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza” [1]

En este contexto, jóvenes en paz como otro tipo de programas de esta índole no ofrecen una cobertura a toda la población y dejan por fuera a muchos jóvenes que requieren ayudas estatales para suplir sus necesidades básicas y más con una tasa de desempleo juvenil que está en 17,1% y es una problemática persistente en Colombia y es el reflejo de la ausencia de redes de articulación y coordinación de iniciativas, programas y proyectos que faciliten la transición de los jóvenes desde la educación hacia el trabajo, buscando su fluidez en la inserción e integración laboral y la consecución de un trabajo digno y decente. (Astorquiza, 2024)[2].

Jóvenes en paz, Promesas fallidas, Incumplientos

Pese a su retórica transformadora, el programa Jóvenes en Paz enfrenta crecientes cuestionamientos por su débil implementación, falta de garantías laborales y abandono institucional.

Entre el discurso progresista y la realidad asistencialista

Si bien en el discurso oficial “Jóvenes en Paz” se presenta como una política progresista de inclusión social, en la práctica se ha convertido en un programa asistencialista tradicional con serias dificultades en su ejecución. Se han reportado múltiples denuncias por incumplimientos en los pagos tanto a beneficiarios como a trabajadores, ausencia sistemática del acompañamiento psicosocial prometido y la falta de participación efectiva de las organizaciones territoriales que históricamente han acompañado a las juventudes excluidas (El Espectador, 2025) [3].

Un operador en crisis y un Estado que no paga

La carta abierta publicada por el sindicato SintraJenPaz, en la que se anuncia el cese de operaciones por parte de la Unión Temporal Territorio y Paz —operador principal del programa Jóvenes en Paz—, ha desatado una crisis institucional que expone deficiencias estructurales en el financiamiento, la gestión y la gobernanza del programa.

La Unión Temporal decidió terminar el contrato debido al incumplimiento del Gobierno, que llevaba más de dos meses sin realizar los pagos correspondientes a los trabajadores del programa. En un comunicado oficial, el sindicato SINDIPAZCOL denunció que la falta de desembolsos generó un colapso en el flujo de caja, imposibilitando el pago de salarios y la continuidad operativa del programa

Movilizaciones por incumplimientos en el programa Jóvenes en Paz

Frente al incumplimiento de pagos y a la creciente incertidumbre sobre el futuro del programa Jóvenes en Paz, jóvenes y trabajadores han salido a las calles en distintas ciudades del país para exigir respuestas del Gobierno.

Estas movilizaciones evidencian el nivel de frustración acumulada y la demanda por transparencia, pagos pendientes y garantías reales para el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Los jóvenes y trabajadores no están pidiendo limosnas, sino el cumplimiento de un derecho: acceso a una vida digna, con oportunidades reales y sin exclusiones. Su reclamo interpela al Estado y denuncia el abandono histórico de las juventudes en los territorios más golpeados por la desigualdad y la violencia.

Un ministerio a la defensiva y versiones contrapuestas

Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad y Equidad emitió un comunicado oficial asegurando que actúa « con responsabilidad y transparencia para proteger a los 28.886 jóvenes del programa #JóvenesEnPaz ». Asimismo, informó que, ante los incumplimientos del Convenio 062 de 2024 por parte de la Unión Temporal Territorio y Paz, ha iniciado una transición para garantizar los derechos laborales de los trabajadores afectados.

Es decir, mientras el Ministerio de Igualdad insiste en que la crisis se debe al incumplimiento de la Unión Temporal Territorio y Paz, el sindicato SINDIPAZCOL señala que las verdaderas dificultades surgieron por los problemas en el flujo de caja, consecuencia de los retrasos reiterados del propio Gobierno en el desembolso de recursos.

Crisis institucional y ausencia de control político efectivo

Este cruce de versiones evidencia una grave descoordinación institucional y plantea serias dudas sobre la transparencia y coherencia del manejo estatal del programa. Más allá de la disputa contractual, la crisis revela una falta de planificación financiera y operativa que afecta directamente a los trabajadores y jóvenes beneficiarios. En este contexto, los intentos del Ministerio por desmarcarse de toda responsabilidad podrían interpretarse como una forma de evasión política, más que como un ejercicio de transparencia.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Edgar Calero, manifestó la necesidad de que el Ministerio de Igualdad aclare las fechas de pago y señale a los responsables, reiterando su compromiso con la garantía de los derechos sociales y laborales (ver comunicado de SINDIPAZCOL: X.com).

¿Compromiso real con la inclusión y la paz?

Esta crisis no solo refleja fallas administrativas, sino que también cuestiona el compromiso real del Estado con las políticas de paz e inclusión social. Si no se corrigen de fondo los mecanismos de financiación, supervisión y ejecución, programas como Jóvenes en Paz corren el riesgo de convertirse en promesas vacías, incapaces de responder a las necesidades urgentes de una juventud históricamente marginada.

Un programa atrapado entre la precariedad institucional y la disputa simbólica

A esta situación se suma otro problema grave: la presencia de personas que han ingresado al programa sin cumplir los criterios de elegibilidad. Algunos no se encuentran en condiciones reales de vulnerabilidad; otros han sido vinculados a través de contactos con operadores locales. También hay casos de jóvenes que no cumplen los requisitos por edad o por contar con antecedentes penales. Este desorden ha generado malestar entre quienes sí cumplen con los criterios y, sin embargo, han sido excluidos o revictimizados.

Tema que, lastimosamente, ha sido denunciado con fuerza por sectores de derecha, pero no con ánimo de corregir o mejorar el programa, sino desde una lógica de estigmatización, prejuicio y criminalización de la pobreza. En lugar de cuestionar las falencias reales del diseño o la implementación, se aprovechan de ellas para reforzar discursos de odio clasista, invisibilizar las causas estructurales de la violencia, y deslegitimar cualquier política pública que apunte a la inclusión social desde una lectura moralizante y punitiva.

📢 Criminalizar la pobreza (como el ejemplo de @kroarbelaez) no es política pública. 
Este tipo de declaraciones no solo tergiversan los objetivos de Jóvenes en Paz
sino que reproducen un racismo social profundamente arraigado: asocian juventud, 
migración y pobreza con delincuencia. Lo que molesta no es la supuesta "ilegalidad",
sino que el Estado dirija recursos a sectores históricamente excluidos.
Se castiga la pobreza con odio de clase, y se naturaliza que solo unos pocos 
merezcan dignidad y oportunidades. Eso también es violencia.

De la criminalización mediática a la captura simbólica de la protesta

El programa “Jóvenes en Paz” ejemplifica una dinámica compleja: por un lado, es objeto de criminalización mediática; por otro, se usa para desactivar protestas sociales mediante el asistencialismo.

Efectos simbólicos de la estigmatización mediática

Esta narrativa no se queda en el plano discursivo: produce efectos reales. Jóvenes en Paz ha sido objeto de una campaña sistemática de estigmatización en medios y redes, donde se lo presenta como un programa que “financia delincuentes”. Esta construcción mediática borra la diferencia entre jóvenes en riesgo y actores criminales, alimenta el miedo social, y expone a los participantes a situaciones concretas de exclusión, agresión o persecución. Se trata de una ofensiva simbólica que busca no solo deslegitimar el programa, sino también castigar socialmente a quienes se atreven a exigir dignidad desde la marginalidad, reforzando prejuicios en vez de abrir caminos de reconciliación.

Asistencialismo y desmovilización política

Pero la crítica no se limita al terreno simbólico de la derecha. También es urgente señalar que el programa Jóvenes en Paz ha sido utilizado por el propio gobierno como una estrategia para absorber y desactivar políticamente a sectores juveniles movilizados durante el estallido social, en particular a las denominadas “primeras líneas”. En lugar de canalizar esa fuerza contestataria hacia una transformación estructural, se ha optado por desmovilizar la rabia mediante el asistencialismo, intentando domesticar la protesta desde la institucionalidad, sin comprometerse con las demandas que dieron origen a la revuelta.

Pacificación simbólica con billete en mano: un patrón histórico

Las promesas de justicia y cambio se diluyen en una lógica de subsidios que calma pero no transforma, sin tocar las bases materiales de la desigualdad, la exclusión educativa o la represión estatal. Más que justicia social, lo que se ofrece es una pacificación simbólica por medio de subsidios que neutraliza el conflicto sin resolverlo.

Lo que se ofrece no es justicia social, sino una especie de pacificación con billete en mano: una política que calma, pero no transforma. Esta misma lógica ha sido recurrente en gobiernos anteriores. Anuncios como la matrícula cero o la ampliación de subsidios sociales se han usado como estrategias para apagar las protestas. Por ejemplo, en 2021, durante las masivas movilizaciones contra la reforma tributaria, el gobierno de Iván Duque intentó adelantarse a las propuestas del Comité del Paro con medidas paliativas como la matrícula cero para estudiantes, buscando desactivar el malestar social sin enfrentar las causas estructurales del conflicto (Vanguardia, 2021). Así, la “pacificación con billete en mano” se convierte en un patrón repetido que calma momentáneamente el descontento, pero no genera cambios profundos ni duraderos.

« Jóvenes en Paz surgió con el discurso de ser un dinamizador en la política pública juvenil: una puerta hacia la inclusión desde el cuidado y la educación para fomentar la empleabilidad. Sin embargo, hoy está atrapado en la improvisación institucional, el clientelismo( ver, ¿Cambio real o clientelismo disfrazado?) y el fuego cruzado mediático. Más que una política transformadora, se ha convertido en una promesa rota, al borde del colapso por los reiterados incumplimientos.

Jóvenes en Paz: una lectura desde el marxismo

Desde una perspectiva marxista, el programa Jóvenes en Paz reproduce las lógicas asistencialistas del capitalismo periférico, al ofrecer subsidios que no transforman las condiciones materiales de los jóvenes populares. El “capitalismo periférico” refiere a economías y Estados subordinados dentro del sistema capitalista global, que enfrentan limitaciones estructurales para garantizar derechos universales y tienden a reproducir exclusión y control social.

Marini (1973), Dos Santos (1970) y Harvey (2005) coinciden en que estas estructuras condicionan políticas públicas que, lejos de propiciar cambios profundos, funcionan como herramientas para administrar la pobreza y contener el descontento, reforzando la desigualdad y la fragmentación social.

Marini afirma que “la dependencia condiciona el desarrollo económico y social de las periferias, obligando a sus Estados a gestionar la pobreza y la exclusión social sin poder modificar las relaciones estructurales de poder” (p. 45)[4]. De manera similar, Dos Santos señala que “el sistema de dependencia produce una estructura social que impide la transformación radical del orden económico y político, y tiende a reproducir formas de exclusión” (p. 62)[5]. Harvey añade que “las políticas neoliberales de ajuste social, disfrazadas de inclusión, sirven para contener el descontento y preservar las relaciones de poder existentes” (2005)[6].

Nadie puede asegurar que la actual onda democrática liberal resistirá indefinidamente a esa combinación de políticas económicas recesivas, apertura externa, especulación financiera, desempleo y exclusión social creciente […]. Esa evolución de los acontecimientos parece confirmar otra temática puesta en evidencia por la teoría de la dependencia: la tendencia creciente a la exclusión social, como resultado del aumento de la concentración económica y de la desigualdad social. « Dependiente, concentrador y excluyente », éstas eran las características básicas del desarrollo dependiente asociado al capital internacional, destacadas por la teoría. Estas características se exacerbaron durante la década de 1980, bajo el impacto de la globalización comandada por el capital financiero internacional para el pago de la deuda externa y la nueva fase de monedas fuertes y privatizaciones de la década de 1990, en el marco del consenso de Washington [7].

Conclusión

El programa Jóvenes en Paz resulta insuficiente frente a la complejidad de las realidades que enfrentan los jóvenes vulnerables en Colombia. Las transferencias monetarias condicionadas, aunque representan un alivio temporal, no garantizan transformaciones estructurales. La falta de universalidad limita su alcance y profundiza las brechas existentes, mientras que el desempleo juvenil, la inequidad y la exclusión siguen sin abordarse de manera integral. Este programa no impulsa con fuerza ni la educación ni la empleabilidad, dejando sin herramientas reales a quienes más lo necesitan.

iSi bien en el discurso oficial ‘Jóvenes en Paz’ se presenta como una política progresista su implementación revela una distancia alarmante entre las promesas institucionales y la realidad en los territorio!.

En un país atravesado por el conflicto armado, donde miles de jóvenes viven en territorios con alto riesgo de reclutamiento forzado, pertenencia a bandas delincuenciales, redes de explotación y contextos de violencia estructural, se requieren políticas públicas más ambiciosas, integrales y sostenidas, que garanticen verdaderas oportunidades de vida digna y construyan paz desde la raíz.

Más allá del discurso de reconciliación, Jóvenes en Paz revela los límites de un progresismo que, al aplicar políticas de corte neoliberal, termina profundizando las mismas dinámicas que pretendía superar: concentración, exclusión y dependencia. Como advirtió Theotonio Dos Santos, los modelos de desarrollo dependiente —subordinados al capital internacional— no solo reproducen desigualdad, sino que tienden a exacerbarla bajo regímenes democráticos debilitados por el desempleo, la deuda y la privatización.

Si el Gobierno no corrige el rumbo —escuchando a las comunidades y apostando por transformaciones reales—, la paz prometida terminará siendo una estrategia fallida, deslegitimada y estigmatizante. Y estamos a poco más de un año para que termine el periodo presidencial de Petro, un periodo muy corto para consolidar un legado que realmente respalde a los jóvenes del país. En general, otra promesa rota del progresismo en Colombia.

Pero incluso ante el desencanto, no se trata de renunciar a la política, sino de exigir más. El progresismo sin coherencia ni organización popular se vuelve una farsa: más de lo mismo, entre improvisaciones y promesas incumplidas. Por eso no basta con votar. Es necesario actuar, organizarse y movilizarse. Porque solo desde abajo, con lucha y conciencia crítica, puede surgir un cambio real que dignifique la vida de las juventudes.

CITAS

[1] Programas de transferencia condicionada

[2] Astorquiza Bilver Adrian, Universidad de Manizales, 2024. https:// umanizales.edu.co/umedia/analisis-desempleo-juvenil-en-colombia-hacia- donde-va-el-mercado-laboral-bilver- astorquiza#:~:text=El%20informe%20del%20DANE%20correspondiente,fue%20del%209%2C7%25.

[3] Estela de peleas entre Gobierno y religiosos dejó en vilo $175.000 millones de Jóvenes en Paz. elespectador.com/politica/convenio-de-175-mil-millones-de-jovenes-en- paz-en-vilo-por-peleas-entre-el-gobierno-petro-y-religiosos-noticias- hoy/. 25-05-2025

[4] Marini, R. M. (1973). Dialéctica de la dependencia. Siglo XXI Editores.

[5] Dos Santos, T. (1970). La teoría de la dependencia. American Economic Review, 60(2), 231-236

[6] Harvey, D. (2005). Breve historia del neoliberalismo. Oxford University Press.

[7] Dos Santos, T.La teoría de la dependencia Balances y Perspectivas. Plaza Janés, Madrid 2022