¿Cambio real o clientelismo disfrazado? Análisis crítico del Pacto Histórico en Colombia

Exploramos si el Pacto Histórico representa una transformación auténtica o si perpetúa prácticas clientelistas bajo una nueva fachada progresista.

El clientelismo es una forma de control que se presenta como un favor. Promete soluciones individuales mientras sigue reproduciendo la miseria y desactiva la posibilidad de un cambio colectivo. Javier Auyero, 2001[1]

El Pacto Histórico: del cambio prometido al clientelismo renovado

Cuando el Pacto Histórico llegó al poder en Colombia, prometió romper con las estructuras del pasado: clientelismo, corrupción y exclusión. Se enfatizó en un cambio profundo, de una política anclada en los territorios y en las luchas historicas de los pueblos racializados, estudiantes, mujeres y trabajadores, generando una esperanza colectiva.

Sin embargo, esa esperanza de transformación se ha enfrentado a una dura realidad: en lugar de desmantelar el poder tradicional, este ha sido reciclado y redistribuido entre nuevos rostros políticos y sectores afines al nuevo oficialismo.

Promesas rotas, luchas fracturadas

Con el paso del tiempo, se hace evidente que las estructuras que por décadas han sostenido la desigualdad no han sido desmanteladas, sino recicladas bajo nuevas formas. El clientelismo, lejos de desaparecer, ha adoptado otros rostros y ha sido sostenido por alianzas pragmáticas y una lógica de gobernabilidad que privilegia el reparto burocrático por encima de las transformaciones estructurales. Esta contradicción entre el discurso del cambio y la práctica del poder revela no solo un incumplimiento de las promesas de campaña, sino un retorno peligroso a las mismas lógicas que el proyecto decía combatir.

Si bien el progresismo conserva un importante poder de convocatoria, carece del poder de acción necesario para impulsar las transformaciones que el país requiere, lo cual se refleja en una brecha cada vez mayor entre las expectativas sociales y la realidad del ejercicio del poder. Esta distancia no solo genera frustración entre las bases que apostaron por el cambio, sino que debilita el vínculo con los movimientos sociales que han sido históricamente los motores de lucha y resistencia en Colombia.

Clientelismo y vulnerabilidad estructural

“El clientelismo no es solo un concepto básico de relación interpersonal (Garvía, 2001); además, se presenta en diversas formas en los ámbitos políticos, sociales y económicos, donde genera prácticas de corrupción que incrementan la brecha de desigualdad y la vulneración de derechos entre las personas que habitan un mismo entorno (Martínez, 2021)”[2].

Este tipo de prácticas se aprovecha de las necesidades humanas y, en un país tan desigual como Colombia, las personas enfrentan muchas carencias económicas que limitan el acceso a bienes y servicios, a una formación académica completa y restringen por completo sus posibilidades laborales. Sin embargo, cuando la persona se presta para este tipo de prácticas no solo se ve expuesto a depender de los intereses de políticos, sino a la corrupción, a la dependencia del político para que se le renueve el contrato a cambio de votos y convocatorias a reuniones políticas para llenar reuniones.

Movimiento social y gobierno progresista: una relación en disputa

El movimiento social colombiano ha resistido históricamente a la violencia, al desplazamiento, las amenazas, al hostigamiento y a la estigmatización. A pesar de estos escenarios hostiles, comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, sindicales y estudiantiles han sostenido la movilización popular como forma de defensa de la vida y el territorio. Esta persistencia ha convertido al movimiento social en un actor clave en la disputa por los derechos y la justicia en Colombia.

Del cambio a la coalición: el Pacto Histórico como nuevo Frente Nacional

En un país atravesado por conflictos estructurales y una larga historia de exclusión política, el triunfo del Pacto Histórico fue leído como un punto de inflexión: una oportunidad inédita para replantear las reglas del juego institucional y dar voz a quienes históricamente han sido marginados del poder. Más que un cambio de gobierno, se esperaba un cambio de régimen, una reconfiguración profunda del pacto social.

No obstante, con el transcurso del gobierno, las expectativas de transformación comenzaron a diluirse frente a la realidad de un ejercicio político que, en lugar de romper con el pasado, optó por adaptarse a él. El movimiento social colombiano, que históricamente ha resistido la violencia, el desplazamiento, las amenazas, el hostigamiento y la estigmatización, ha sido un pilar fundamental en la construcción de esperanzas de cambio. Sin embargo, para estas organizaciones, su papel ha quedado muchas veces reducido a un apoyo simbólico, mientras las decisiones estratégicas se negocian entre élites políticas bajo lógicas tradicionales. Esta situación genera frustración no solo por el incumplimiento de reformas, sino también por la sensación de ser convocados para legitimar un cambio que no se materializa plenamente ni incluye su participación real.

Es decir, el Pacto Histórico no representa una ruptura real, sino más bien una reedición del Frente Nacional, lo que evidencia que seguimos repitiendo la historia: sin cambios de fondo y con alianzas sostenidas con las mismas élites políticas y sus prácticas clientelistas.

Del clientelismo tradicional al clientelismo progresista

A diferencia del viejo clientelismo basado en apellidos, maquinarias y favores políticos, este nuevo clientelismo progresista se mimetiza bien en los procesos comunitarios y sectores más populares de la sociedad. Promete desde lo social, pero reproduce lo político-electoral. Líderes que ayer alzaban banderas en las calles, hoy reparten hojas de vida; se alían con candidatos, concejales o congresistas prometiendo ayudas, becas, empleos, y usan las necesidades del pueblo como moneda de cambio.

Cambian los actores, persiste la lógica

Los perfiles académicos cambian, son personas del común ocupando cargos públicos, pero que replican las figuras del amiguismo en todas las entidades del gobierno nacional. Además, se observan cambios en los requisitos para ocupar cargos públicos, estrategia que no es nueva y que ha sido utilizada también por sectores de derecha y sus aliados para garantizar el control político y perpetuar redes clientelistas.

Las élites políticas en América Latina han recurrido frecuentemente a la modificación de las reglas del juego institucional, incluyendo los requisitos para acceder a cargos públicos, con el fin de consolidar su poder, restringir la participación de actores rivales y perpetuar redes de clientelismo que aseguren su control sobre la política y los recursos.[3]

Como ejemplo de ello, los cambios en los requisitos del cargo, tal como ha ocurrido en Prosperidad Social con el exdirector Gustavo Bolívar, o en la visión de la carrera diplomática con nombramientos tan cuestionados como el de Álvaro Ninco, quien fue finalmente destituido por el Consejo de Estado por no contar con título profesional ni trayectoria diplomática.

Así, las promesas se desvanecen porque no producen cambios reales en las condiciones sociales y económicas de las comunidades. El poder se renueva en nuevos rostros que, lejos de romper con las viejas prácticas, replican las mismas formas de clientelismo, manteniendo un ciclo que aplaza la verdadera transformación social. Y ciertos líderes políticos que prometían cambios y luchar contra la corrupción terminan señalados o incluso envueltos en las mismas prácticas que tanto denunciaron.

El clientelismo como resultado de un modelo laboral cerrado

Clientelismo laboral: cuando el mérito no basta

El clientelismo suele derivarse de un sistema laboral restringido, donde las plazas y el avance profesional dependen más de vínculos de amistad y lealtad que de las capacidades o el desempeño. Esto genera un contexto en el que las personas se ven obligadas a recurrir al respaldo político para conseguir un empleo estable, fomentando relaciones de dependencia que reducen la autonomía individual y fortalecen las dinámicas clientelistas.

Finalmente, no hace falta acudir a los expertos de la academia ni a las cifras dadas por los gobiernos y las ONG para corroborar que si nuestras relaciones sociales de poder se transforman, sólo lo hacen al ritmo de las eras geológicas. Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor y cerciorarse de que, para conseguir un puesto en la administración pública, es necesario un “padrino” político de cierto peso o, en el caso de la iniciativa privada, la recomendación de un gran empresario. Este fenómeno pone de manifiesto la interconexión entre poder y oportunidades, donde la meritocracia parece ser más un mito que una realidad accesible [4].

La continuidad del modelo precario bajo otro discurso

Durante su campaña, el presidente Petro afirmó que « el contrato de prestación de servicios debe pasar a la historia ». Sin embargo, los datos actuales muestran un aumento tanto en la cantidad como en la precariedad de estos contratos.

Entre 2022 y 2024, el número de personas contratadas mediante la modalidad de servicios pasó de 48 mil a 64 mil, según los datos de La Silla Vacía [5].

Es decir, este aumento contrasta con las promesas de campaña de eliminar esta modalidad y establecer contratación directa, generando críticas sobre la coherencia entre el discurso y las acciones del gobierno en empleo público y burocracia.

Otra de las grandes frustraciones es que no se crearon nuevas formas de acceso al empleo público. El gobierno no impulsó reformas estructurales para abrir concursos transparentes, ni democratizó el acceso a los ministerios, a entidades como Planeación Nacional o Prosperidad Social. El trabajo sigue estando mediado por contratos temporales y favores políticos, reproduciendo la dependencia del gobierno de turno. Este entorno facilita y profundiza el clientelismo, porque no se garantiza el derecho a trabajar, sino la necesidad de suplicarlo

Perspectiva marxista sobre el clientelismo

Promesas que no emancipan ni transforman

Desde una perspectiva marxista, el clientelismo no es simplemente una práctica política oportunista, sino un mecanismo profundamente funcional al sistema capitalista, en tanto neutraliza al sujeto político. Al transformar necesidades materiales legítimas en favores personalizados, desactiva el potencial transformador del pueblo y lo convierte en dependiente de la mediación burocrática. Este nuevo clientelismo, que a menudo se presenta como participación o inclusión, representa en realidad una traición de clase: no emancipa, administra; no empodera, domestica.

El pueblo como recurso: inclusión sin emancipación

El marxismo advierte que las élites —incluidas las que se proclaman progresistas— pueden utilizar al pueblo como instrumento, integrándolo simbólicamente sin romper con las estructuras de dominación. En vez de transformar el Estado, lo habitan bajo las mismas lógicas de siempre: cooptación, repartición de cuotas y gobernabilidad pactada. Así, el pueblo deja de ser sujeto de cambio para devenir mano de obra electoral, cuota de gobernabilidad o simple estadística.

El marxismo alerta sobre cómo las élites —incluidas aquellas que se presentan como progresistas— pueden instrumentalizar al pueblo como una escalera para sus propios fines, integrándolo sin otorgarle verdadera emancipación. En lugar de transformar el Estado, simplemente lo ocupan bajo lógicas heredadas del orden dominante. Así, el pueblo deja de ser un agente activo de cambio y se convierte en mano de obra electoral, en una cuota, en una estadística más.

Esta forma de integración sin emancipación encuentra una explicación profunda en la teoría de la hegemonía desarrollada por Antonio Gramsci. Para él, el dominio de clase no se sostiene únicamente mediante el control económico o la coerción directa, sino también a través del consentimiento fabricado en la sociedad civil. En este marco, incluso los grupos dominados pueden ser simbólicamente incorporados a estructuras que, lejos de liberarlos, perpetúan su subordinación. La hegemonía, entonces, opera precisamente cuando las clases subalternas aceptan —como naturales o inevitables— las formas de dominación que las excluyen.

El Estado es la dictadura de una clase, pero esta dictadura se ejerce no sólo con la violencia, sino también mediante la hegemonía cultural y moral que una clase ejerce sobre las demás. Antonio Gramsci [6].

Un Estado progresista que gestiona lo mismo con otro lenguaje

Desde esta óptica crítica, el Estado no es un ente neutral orientado al bien común, sino una estructura de dominación de clase cuyo objetivo es garantizar la reproducción del capital. Incluso bajo gobiernos progresistas, esta lógica no se suspende, sino que se reconfigura. El caso del gobierno de Gustavo Petro en Colombia —marcado por un aumento significativo en los contratos de prestación de servicios (OPS)— revela cómo un proyecto autodefinido como “popular” termina administrando las formas neoliberales del Estado capitalista. En lugar de desmantelar la arquitectura de exclusión, la gestiona con un nuevo lenguaje, pero con las mismas jerarquías.

El Estado capitalista cumple un papel específico: organiza a las clases dominantes y desorganiza a las clases dominadas, fragmentando su resistencia y dispersando su capacidad de actuar como una fuerza coherente. Poulantzas, Nicos [7]

Conclusión: rearticular desde abajo con ética política

Aunque el progresismo proclama una agenda de derechos, equidad y emancipación social, muchas veces reproduce las mismas lógicas clientelistas de las derechas cuando gobierna.

¿Qué hacer ahora? Volver a empezar desde abajo, con dignidad y autonomía

El gran desafío ahora es reconstruir la confianza desde abajo. Denunciar el nuevo clientelismo es parte del ejercicio ético que implica hacer política desde lo popular. El movimiento social no puede resignarse al oportunismo disfrazado de inclusión. Urge una rearticulación con base en la autonomía, la coherencia y el compromiso real con los territorios. Volver a caminar sin depender de la burocracia. Volver a pensar el poder no como meta, sino como herramienta de transformación.

La crítica no es un ataque al cambio. Es un acto necesario cuando el “cambio” termina administrando el poder entre la derecha y el progresismo, sin romper sus lógicas. Porque el cambio real no se decreta desde arriba: se construye desde abajo, con la crítica, la coherencia y la lucha colectiva. Los movimientos sociales no están para ser cooptados, sino para marcar el horizonte de una transformación que todavía está por hacerse.

Como enseñaron Gramsci y otros pensadores críticos, las crisis también pueden abrir nuevas oportunidades. Hoy, la tarea urgente es recuperar el horizonte emancipador, no desde los ministerios ni desde los pactos parlamentarios, sino desde las luchas cotidianas que resisten, crean y sostienen una vida digna en los márgenes del poder. Es ahí, en lo común, donde la esperanza puede volver a germinar.

CITAS

[1]La política de los pobres. Prácticas clientelistas del peronismo. AUYERO, Javier L. Cuadernos Argentinos Manantial. Buenos Aires. Pp. 256, (2001)

[2] El Clientelismo como método sistemático de violación de los Derechos Humanos en Colombia. Martinez, Diana. Méndez, Daniel. Universidad Externado de Colombia, Agosto, 2021.

[3] Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-communist Europe. Juan Linz y Alfred Stepan. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996

[4] Génesis del clientelismo político en América Latina. Enlaces entre pasado y presente. Patricia Escandón Bolaño. Democracias,Centro de InvestigaCentro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma del Estado de México. Año 1 • número 1 • Toluca, Estado de México • enero-junio de 2012

[5] La burocracia estatal en el gobierno Petro se dispara a niveles récord. La Silla Vacia, 20 abril, 2025.

[6] Cuadernos de la cárcel.Gramsci, A. México: Ediciones Era.Tomo1

[7] Estado, poder y socialismo. Poulantzas, Nicos. Madrid: Siglo XXI, 1979, p. 154.