La cuestión agraria siempre ha ocupado un lugar central, clave en el conflicto colombiano y supuestamente ha sido un eje central de las políticas estatales. Con el nuevo gobierno de Petro, se esperaba un cambio de rumbo, nuevas ideas, nuevas políticas, romper con el pasado donde el gobierno sólo buscaba favorecer a los terratenientes, las multinacionales agroexportadores y las élites regionales y nacionales. Sin embargo, lo que se ve son políticas de continuidad con poca innovación real, aunque sí son algo más energéticos en su aplicación, o por lo menos esa es la imagen que vemos por el momento.
Gearóid Ó Loingsigh
La política agraria
Bajo el nuevo gobierno han promovido el reconocimiento del campesino como sujeto político, y aunque es importante que el campesino tenga reconocimiento social y político eso no puede ser el resultado de la legislación que empuja al campesino a actuar únicamente dentro de las normas y canales estatales. En los grandes paros campesinos de los 90, el campesino siempre tenía reconocimiento real, como por ejemplo cuando en 1999 los campesinos del sur occidente bloquearon la panamericana durante un mes, obligando al estado a negociar con ellos.
Paro sin Negación
Donde perdieron en ese paro, fue en la negociación y el modelo de solución de los problemas para las comunidades. Básicamente, el Estado anunció que daría plata a las comunidades, pero cada comunidad tenía que redactar proyectos, tal como hacen hoy en día ante los fondos de cooperación internacional, y el gobierno evaluaría cada proyecto y decidiría cuáles serían aprobados, previo acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades. Es decir, el paro dio como resultado la animosidad entre las comunidades, peleándose unas con otras por los recursos del Estado, como si fueran limosnas y no derechos[1].
Desorganización política
Ese modelo de solucionar los paros se implementó en repetidas ocasiones desde entonces. No fue la falta de reconocimiento de los campesinos como sujeto político lo que determinó el fracaso de dichas movilizaciones, sino la falta de las organizaciones de actuar como sujetos políticos en todo momento. En el paro de 2013, a la hora de negociar con el Estado terminaron aceptando la idea de presentar propuestas de proyectos y en las discusiones cada corriente político se dividió según sus organizaciones constitutivas, con la vana esperanza de maximizar el dinero que les llegaría, es decir, mostraron que no eran una corriente política de sujetos políticos si no organizaciones peleando entre sí para ver cuál llevaba la mayor parte de la mermelada del Estado.
Modelo agrario bajo la violencia
Varios de los asesores citadinos de esos movimientos y algunos dirigentes campesinos responsables de esas derrotas, forman parte del gobierno actual e inciden en el diseño de las políticas del gobierno. Otras movilizaciones, como el Éxodo Campesino del Sur de Bolívar en 1998 llegaron a acuerdos mucho más políticos, pero fueron derrotados por una ofensiva paramilitar sin precedentes y una ofensiva de la cooperación internacional que en la práctica les obligó a sumarse al modelo de mendigar proyectos, comunidad por comunidad, so pena de morir de hambre en medio de un asedio paramilitar de la región que bloqueaba la entrada de alimentos y medicamentos[2].
Y los proyectos financiados por el entonces Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) eran casi todos de estirpe neoliberal, cambiando la producción de alimentos por agro exportables. El director del PDPMM, Francisco de Roux, dejó muy claro cuál era su visión, una visión que a todas luces es la que tiene Petro hoy en día. En entrevista conmigo en 2002, de Roux afirmó:
« El campesino tiene que vincularse a los grandes procesos que hacen que la tierra del Magdalena Medio sea interesante para las grandes inversiones de dinero. Y esos proyectos son los proyectos de productos tropicales permanentes. Si el campesino no entra en eso, el campesino se va a ir de la región » [3].
Entrevista a Francisco de Roux, 2002
Los indígenas son reconocidos en la Constitución de 1991 y las comunidades negras por la Ley 70, pero ese reconocimiento no les ha servido para mucho, puesto que
- Viven en la pobreza
- Son asesinados
- Continúan con problemas como el saneamiento de los resguardos
- los concejos comunitarios cada de vez en cuando se ven obligados a recurrir a los paros y protestas.
Exclusión del campesinado
Pero sí está bien que se rectifique la exclusión del campesino de la amada constitución de Petro que tanto defiende, aunque él y su gente del M-19 no hicieron mucho para promover la idea cuando se discutía una nueva constitución. Al contrario, la Constitución reduce el campesino a un trabajador agrario sin derecho a la tenencia de la tierra y no hay obligación de visibilizarlo en las políticas públicas de la misma forma que ocurre con los indígenas y comunidades negras [4].
Sin embargo, reconocer al campesino ahora pero enquistándolo en el modelo neoliberal es una victoria pírica. Puede ser incluido ahora como sujeto con derechos, pero en medio de la barbaridad neoliberal que destruye el campo no le favorece tanto como algunos esperan. Y reconocerlo en esa calidad no es nuevo. El Estado siempre está dispuesto a reconocer al campesino como un productor económico para las grandes empresas. De nuevo, De Roux, lo explicó bien y parece ser la visión de Petro.
Lo más peligroso para el campesinado es el campesino aislado. Un campesino que está en una vereda y llegan los paramilitares y lo atacan se va y todos los campesinos se van porque no tiene conexiones.
Si el campesino es un cultivador de caucho o cacao y está en una cooperativa y tienen un contrato… con las empresas que manejan el producto, inmediatamente actúan [las empresas] si los campesinos son golpeados. Si tienen crédito en la banca privada en condiciones de justicia, los bancos inmediatamente intervienen si los campesinos son golpeados, porque los bancos se pierden si los campesinos se van. Si tienen una cooperativa para mejorar la parte técnica y si los técnicos son de Fedecacao y Fedecafé y las Umatas. Si alguien toca un campesino de esos, el campesino no está, solo tiene muchas conexiones. Hay intereses políticos y sociales que lo apoyan. Hay intereses económicos que lo apoyan [5].
Entrevista a Francisco de Roux, 2002
El campesinado como mercancía
Es decir, el campesino sólo existe en la medida que aporte a las ganancias de las empresas. Aunque la idea que los bancos y las empresas van a intervenir para salvar a los campesinos, es delirante. Nunca lo hicieron, en muchos casos fueron esos mismos intereses económicos quienes mandaron a los paramilitares a atacar a las comunidades.
Así, la pregunta es ¿qué hay de nuevo en las políticas actuales? ¿Siguen promoviendo las idea de la presentación de proyectos individuales como solución o hay una propuesta más global y nacional? Y ¿cuál es esa propuesta?
Los noventa y el gobierno de Uribe
Importaciones contre la economía local
En los noventa, con la apertura económica, el campo colombiano sufrió graves problemas, lo que llevó al aumento en la siembra de coca ante la dificultad de los campesinos para sustentarse y competir con las importaciones. Según el supuesto proyecto antinarcóticos de los EE.UU, el Plan Colombia, entre 1995 y 1999 se perdieron 700.000 hectáreas (ha) de tierras agrícolas, debido a la apertura económica.
Los diferentes gobiernos era consciente de lo que hacían y tenían un plan para recuperar esas tierras, pero no para el campesino, o por lo menos no para el campesino que quería cultivar el pancoger, sino para expandir el cultivo de lo agro exportable. En los noventa, los gobiernos dedicaron mucho esfuerzo y dinero a fomentar determinados cultivos. Alrededor del 60% de las leyes del sector agropecuario corresponde a intentos de fomentarlos y a fondos parafiscales para su administración. Entre las leyes aprobadas encontramos fondos para palma africana, cacao, algodón y la ganadería y demás [6].
El mismo Plan Colombia contempló ese escenario y señaló a la palma africana y el cacao como cultivos idóneos [7]. Cuando Uribe llega al poder, intensifica la agro industrialización del campo, un campo cada vez más vaciado de gente por el accionar de los grupos paramilitares promovidos por el mismo Estado colombiano antes y después de su llegada a la presidencia.
Monocultivos la ley impuesta
Sin duda alguna, Uribe supo profundizar los cambios en el campo
- promoviendo monocultivos
- el mal llamado “cooperativismo”
- creando las alianzas estratégicas entre campesinos y empresas grandes, nacionales cuando no multinacionales.
Para esto se contó con el apoyo de muchas ONG, el Banco Mundial y la Unión Europea. El modelo promovido en el Magdalena Medio en que el campesino firma un contrato para sembrar un determinado número de hectáreas de un cultivo, como la palma, corre con todos los gastos mediante el endeude y es obligado a vender sus productos a determinadas empresas, es hoy en día la política agraria estatal.
No es una política de cada gobierno de turno, sino que ya es una política de Estado y no cambia con los cambios en el Congreso ni con el presidente de turno. Hoy día, casi todo crédito a un campesino es para cultivos agro exportables, bien sea con la banca privada o con el Estado.
Petro y el campo
El continuismo
La campaña electoral de Petro recibió el apoyo de las grandes organizaciones campesinas y el apoyo de las fuerzas políticas de la izquierda que dicen que defienden al campesinado. Se veía como una oportunidad para contrarrestar las políticas de Uribe, las conquistas paramilitares de tierras y de fomentar una nueva visión del campo distinta a los que moldearon el campo con motosierra y arma en mano. Pero no. Los de la motosierra ganaron con Uribe, con Santos y Duque y ahora no iban a perder con Petro.
Una de las primeras medidas que Petro tomó fue de implementar la supuesta “reforma agraria” acordada en el proceso de paz con las FARC. Digo supuesta, porque sólo se trata de tres millones de hectáreas de tierras, de las 45 millones que tienen los terratenientes en fincas superiores a los 500 hectáreas [8] no son las mejores tierras, ni siquiera buenas tierras, por lo que se ve y además se hace mediante el mercado de tierras. Es decir, a los de motosierra se les pagará por las tierras que ellos robaron.
Promesas incumplidas y mentiras
Petro anunció que compraría tres millones de hectáreas de los ganaderos a través de su organización gremial criminal FEDEGAN. Aunque hasta la fecha sólo han comprado 142.000 ha [9]. Prometió que esas tierras no serían tierras robadas, pero mintió. Este año estalló el escándalo en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por la compra de tierras no adecuadas, por precios superiores a su valor en catastro [10] y en algunos casos compraron tierras de personas denunciadas por el delito de desaparición forzada. Una de las fincas en el ojo del huracán pertenecía a Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo.
La ANT negó que existía problema con la finca, sin embargo, el 4 de septiembre de 2023, mediante oficio no. 1283, la Fiscalía había informado a la ANT mediante este Despacho, el día 23 de enero de 2019 recibió el proceso penal en contra de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO por la conducta punible de DESAPARICIÓN FORZADA y bajo el CUI [Código Único de Investigación] 200016001231201000498000 [11].
Además, en la ANT despidieron a varios trabajadores que no querían violar la ley poniendo su firma a dichos procedimientos irregulares. El despido de los que discrepan con Petro y sus maniobras es una práctica que viene de su tiempo en la Alcaldía de Bogotá y en parte explica la alta rotación de funcionarios.
¿Alianzas con paramilitares?
Petro sigue coqueteando a ese sector y en julio de este año imploró al grupo paramilitar Clan del Golfo a desmovilizarse. No debe sorprender a nadie, pero son las razones ofrecidas, si sorprende. Según Petro, su desmovilización permitiría la agro industrialización de la costa colombiana. Dijo textualmente en su cuenta de Twitter : “Le propongo al clan del golfo el abandono total de las economías ilícitas y el despegue de la agro industrialización del Caribe » [12].
En el video que acompaña su tuit dice que “Lo que significa que hay que hacer un pacto: que no nos matemos más, porque en medio de los cementerios no se construye ningún canal interoceánico, ni ningún centro agroindustrial, ni ninguna riqueza, solo pobreza y miseria”[13].
¿ Proyectos paramilitares ?
Llama la atención sus prioridades de un canal interoceánico y centros agroindustriales. Durante los noventa, todas las organizaciones sociales denunciaban que una de las razones por la embestida paramilitar en la zona era para limpiar la región para poder construir un canal interoceánico y ahora Petro viene a pedir a los paramilitares que le dejen cumplir su misión. El mismo proyecto ordenado por la Ley 53 de 1984 y que muchas organizaciones denunciaron como uno de los motivos por el baño de sangre en la región. El canal nunca se pudo construir a pesar de varias iniciativas del gobierno, el desplazamiento de campesinos por parte de la agencia estatal INDERENA [Instituto Nacional de Recursos Naturales] y las masacres paramilitares.
Ahora Petro enarbola el proyecto como bandera de la izquierda, pidiendo la colaboración de los paramilitares para poder terminar el proyecto. Si el proyecto era malo en 1984, lo es hoy en día. Si lo que más facilita su ejecución es el baño de sangre, Petro debe reconocerlo y preguntar a las víctimas del proyecto sobre su ejecución. Su forma de pedir al Clan del Golfo permiso para adelantar el proyecto es un reconocimiento por parte del Estado (que él ya representa en todo momento) que las masacres eran necesarias y hasta justificables desde su perspectiva.
¿Petro el ciego?
En toda la costa hay empresas agroindustriales nacionales y extranjeras y son esas mismas empresas quienes financiaron a grupos como el Clan del Golfo. ¿Acaso es Petro el único en el país que no sabe como Chiquita Brands financió a esos grupos?. Es de conocimiento público desde hace muchos años, la empresa lo reconoció y pagó una multa en los EE.UU. y luego una corte de Florida ordenó a la empresa pagar $38 millones a ocho familias [14].
¿El presidente no lee la prensa? Entre todos los otrora izquierdosos que contrató, ¿no hay ni uno que lee? Su ex comisionado de paz, Danilo Rueda, provenía de una organización que hizo la mayor parte del trabajo de denunciar a Chiquita, pero al parecer Petro no sabe nada de eso.
Delirio agroindustrial
El delirio agroindustrial de Uribe y otros se ve claramente en sus declaraciones. En 2006, el entonces gobernador del Norte de Santander Luís Miguel Morelli Navia dijo que la meta era sembrar 200.000 hectáreas de palma en el departamento en un momento cuando no había más de 350.000 en todo el país [15]. Hasta militares como el general Lozano Perea declararon que había que “echar adelante programas nacionales como el cultivo de palma”[16]. Incluso el jefe paramilitar Vicente Castaño declaró que “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. » [17]. Todos argumentaban a favor de la agro industrialización y justificaban operaciones militares y paramilitares bajo esa lógica económica.
El delirio de acabar con el campo
El delirio era tan agudo que Uribe en el Congreso de Fedepalma hizo referencia a los 100.000 hectáreas en el departamento de Meta y dijo que no era suficiente “Uno lo que quiere es sembrar palma a mucha mayor velocidad”[18]. El delirio no conocía límites, en 2002, el Banco de la República publicó un texto con el título de Palma Africana en la Costa Caribe: Un semillero de empresas solidarias donde María Aguilera Diaz señaló que
El país tiene 3.531.844 hectáreas sin ningún tipo de restricción para la plantación de este cultivo, de las cuales el 36% se encuentran en la Costa Caribe… Al sumar las áreas sin restricciones con las de restricciones moderadas, en Colombia hay 9.665.225 hectáreas aptas para la siembra de palma africana…[19].
María M. Aguilera Díaz
Agroindustria teñida de sangre
Nunca cumplieron con sus expectativas ni delirios frente a la palma, ni otros cultivos como cacao y algodón, entre otros. Por ejemplo, no hay 200.000 hectáreas en el Norte de Santander, sino en 2023, el área sembrada era de 42.674 ha, aunque antes de la arremetida paramilitar la cifra era de unas 500 hectáreas y todas en el municipio de Zulia.
La bala y la motosierra empujaron la siembra y el Estado y la cooperación internacional se encargaron de lo demás, hasta el punto que, hoy día los campesinos ya no tienen alternativas reales a ese cultivo. A nivel nacional ya hay 596.217 hectáreas, y por mucho que Petro quiere decir que necesita agro industrializar la costa caribeña, pues ya tiene mucha agroindustria y desde tiempo atrás, cuando esas empresas fundaron y financiaron a los grupos paramilitares.
En 2023, había 77.470 ha de palma en César, 36.150 ha. en Magdalena, 36.028 en Bolívar, 4.870 en Córdoba, con menores cantidades en la Guajira, Sucre y Atlántico. Un total de 76 municipios en lo que Fedepalma llama la Zona Norte tienen plantaciones de palma, superando con creces cualquier otra zona[20].
El campo industrializado
De hecho, aunque a Petro y a los otrora asesores de organizaciones campesinas les cuesta creerlo, el país ya tiene mucha agroindustria y vive una preocupante concentración de cultivos. A nivel nacional, 68,9 % del área sembrada consiste en apenas 6 cultivos, café (15,6%), arroz (12.4%) palma (12.3%) maíz (10,1%), caña (9,7%) y plátano (8,8%) [21]. El panorama se repite a lo largo y ancho del país y en muchos municipios 3 o 4 cultivos dominan. El mito de un campo no industrializado es eso, un mito de la derecha terrateniente y las empresas multinacionales.
Petro el reformista
Sin embargo, el proyecto de Petro es seguir por ese camino, a convertir el país en un productor de agro exportables para las industrias alimenticias de los EE.UU. y Europa. Entre sus propuestas de canales interoceánicos, comprar tierra robada a ganaderos para montar agroindustrias y pedir a los paramilitares permisos para llevar a buen término los proyectos de ellos y las élites colombianas, se ve una continuidad en la política agraria desde la apertura económica de César Gaviria (1990-1994) pasando por todos los demás presidencias.
Su política agraria no se diferencia en nada, es para el beneficio los grandes intereses económicos, como expuso Francisco de Roux. Es una política reaccionaria y hay que esperar que fracase en sus intentos debido a la incompetencia, ineptitud, por no decir estupidez de sus funcionarios. Pues ninguna organización campesina ha roto con su gobierno, ven en él un amigo a quien hay que hacer críticas amistosas, incluso cuando su gobierno tiene la misma política para el campo que Uribe y Santos. Ni siquiera esos políticos y organizaciones campesinas que firmaron una carta abierta en 2017 contra las políticas agroindustriales de Santos alzan la voz ahora, de hecho apoyan las mismas políticas que antes denunciaban [22].
Citas
[1] Ó Loingsigh, G. (2011) Una mirada desde el sur: Huellas de lucha y resistencia. Bogotá. CNA. pp 35-60
[2] Ó Loingsigh, G. (2002) La estrategia integral del paramilitarismo. España. Organizaciones Sociales.
[3] Entrevista con Francisco de Roux abril 2002, Bogotá.
|4] Rubio Serrano, R. (2002) Cuadernos de Tierra y Justicia No. 8. Actores políticos frente al agro colombiano. Bogotá. ILSA. pp 5-7
[5] Entrevista con De Roux op. cit.
[6] Rubio Serrano, R. (2002) Op. Cit. pp 14-17
[7] Plan Colombia (2000) Institutional Strenghtening And Social Development. Bogotá.
[8] Oxfam (2017) Radiografía De La Desigualdad, Lo Que Nos Dice El Ultimo Censo Agropecuario Sobre La Distribución De La Tierra En Colombia, Oxfam.
[9] La Agencia Nacional de Tierras mostró más resultados, en menos tiempo, que gobiernos anteriores
[10] El Nuevo Siglo (18/06/2024) Escándalo en la Agencia Nacional de Tierras sería peor que el de Ungrd.
[11] Copia electrónica del documento
[12] Gustavo Petro X.com
[13] Ibíd.,
[14] The Guardian (11/04/2024) US banana giant ordered to pay $38m to families of Colombian men killed by death squads. Luke Taylor.
[15] Ó Loingsigh, G. (2007) El Catatumbo un reto por la verdad. Cisca. Bogotá. p.195
[16] Ibíd., p.196
[17] Ibíd.,
[18] Ibíd., 198
[19] Citado en Ibíd., p.200. documento original disponible en https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER30-Palma-Africana.pdf
[20] Cifras oficiales de Fedepalma sispaplus.fedepalma.org/Reportes/Reporte/73
[21] Evaluaciones agropecuarias municipales , Agronet.
[22] Los firmantes son Senador Iván Cepeda, Senador Alberto Castilla, , Representante Alirio Uribe, Representante Ángela María Robledo, Representante Víctor Correa y de organizaciones sociales Fensuagro, Coordinación Étnica Nacional de Paz- Cenpaz, Comisión Colombiana de Paz, Grupo Género en la Paz , CINEP/Programa de Paz, Grupo Semillas, Corporación Jurídica Yira Castro.
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